Las defensas piden archivar el caso de las prejubilaciones

A.M. - lunes, 21 de enero de 2019
Arranca el juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia
En el inicio del juicio piden que la Fundación Caja Segovia no sea considerada acusación particular y que, al no haber acusación de la Fiscalía, se suspenda la causa.

La vista oral contra tres altos cargos del consejo de Administración de Caja Segovia y otros tres directivos de la entidad, por un delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal, y contra otros cinco miembros de la dirección por su condición de responsables a título lucrativo, así como a la entidad aseguradora Caser,  se ha iniciado este 22 de enero en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, que tiene que modificar su mobiliario habitual debido al número de procesados y de sus respectivas defensas. El espacio donde se sientan normalmente las acusaciones, tanto Ministerio Público como abogados,  está ocupado por el estrado que se emplea para los jurados, con el fin de que se puedan ubicar los letrados defensores de los doce acusados.  Evidentemente, debido a este número de personas, hay más de un banquillo.    
Esta vista, multitudinaria, tanto por la expectación social como mediática, ha estado a punto de aplazarse por la petición de alguno de los abogados porque le coincidía con otro juicio fuera de Segovia. Sin embargo, debido a que el cambio hacía mover la agenda de más personas, que en otro momento tampoco tendrían disponibilidad, se ha gestionado modificar la fecha del otro. Antes de entrar en el Palacio de Justicia, el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, ha señalado en declaraciones a los medios que "la Justicia está para dar razón a quien la tenga". Dentro de la sala de vistas, su abogado y el resto de acusados han solicitado que la Fundación Caja Segovia no sea considerada acusación particular y que, por tanto, al no existir acusación de la Fiscalía, se archive la causa.
El calendario, por tanto, queda como se marcó en un principio. La vista se inicia con las cuestiones previas de las partes, tanto las acusaciones particulares como la acusación popular y el fiscal, que en este caso ha pedido el sobreseimiento. El juicio propiamente dicho con las pruebas y testigos, para cerrarse con la elevación de las conclusiones provisionales a definitivas, continuará los días 5, 6, 7, 12, 14 y 19 de febrero. 
Las sesiones serán presididas por el magistrado José Miguel García Moreno, que ha ejercido como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, es miembro de las carreras judicial y fiscal desde 1989 y magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia desde mayo 2007, aunque permaneció un tiempo en situación de servicios especiales, y abogado fiscal en excedencia. Además, la Sala está compuesta por los magistrados María Asunción Remírez Sáiz de Murieta, destinada en la Audiencia segoviana, desde junio de 2015, después de ejercer en juzgados de Madrid, Irún (Guipúzcoa) y Linares (Jaén), y Álvaro Miguel de Aza Barazón,  magistrado que sirvió en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Sebastián, actualmente en la Audiencia Provinicial de León.  
Al haber sido instructor, se debe abstener el magistrado Jesús Marina Reig, así como el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, ponente en la revocación del auto de sobreseimiento.  
 Fuentes de la Audiencia han señalado que, si existe una gran demenda de asistencia público es posible que, como ocurre en otros juicios, se dará un número a quien lo vaya solicitando, estableciéndose lista de espera.         
En las cuestiones previas, la acusación popular que ejerce Izquierda Unida (IU) va a solicitar que se  añadan como prueba documental las conclusiones de la Comisión de Investigación de Cajas de Ahorro de las Cortes de Castilla yLeón que, en opinión de esta organización, son especialmente clarificadoras en cuanto a la situación económica de estas entidades, incluida Caja Segovia.
Para el abogado de IU, Alberto López Villa, «la situación económica y financiera era desastrosa, estaban en la ruina técnica, tenían una contabilidad muy maquillada, incluso falseada puesto que valoraban activos inmobiliarios a precios  a los que deberían tasarse y por tanto no era procedente  conceder los premios que concedieron,  llegando a la intervención por parte de fondos públicos».
En su declaración ante la Comisión, el 7 de junio, el expresidente de Caja Segovia Atilano Soto defendió como «muy valioso», un programa «ejemplar», un acuerdo «bueno y magnífico», el «plan estratégico» 2006-2010 que reguló las prejubilaciones de los directivos de la entidad, dirigido a evitar una «huida de estos responsables que tan talentosamente habían dirigido» la Caja, según dijo.
Otras declaraciones, como la del exdirector Miguel Ángel Sánchez Plaza, hicieron hincapié en que «todo estaba controlado» por el Banco de España, la Junta de Castilla y León y el consejo de administración de la entidad. 
Durante la instrucción, además de rechazar que exista delito, y de haber existido ha prescrito –aspecto rechazado en los recursos–,  las defensas han insistido en situaciones excepcionales,  como  falta de legitimación de la Fundación Caja Segovia, que ejerce de acusación particular, por entender que no es la perjudicada, sino que sería Bankia, entidad que ha rechazado este aspecto.
FIANZAS. El 19 de enero del año pasasdo, seis años y casi dos meses después de que admitiera a trámite una denuncia presentada por UPyD, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia tomó la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a once exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia y a la aseguradora Caser.  
En un auto, la magistrada jueza Silvia Conde decretó la apertura de juicio oral contra Atilano Soto, Manuel Escribano, Manuel Agudíez, Antonio Tapias, Elena García Gil, Enrique Quintanilla, Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo, Juan Antonio Folgado y la compañía aseguradora Caser.  El perjuicio a la entidad se cifró en más de 17 millones de euros. 
En un auto fechado el 15 de junio, la Audiencia Provincial rebajó a 6,8 millones – de casi 24,5 millones de euros solicitados inicialmente– la fianza conjunta y solidaria de exaltos cargos de la entidad acusados de apropiación indebida,  junto con Caser. La rebaja también afectó a las cantidades solicitadas a los cinco exdirectivos implicados por su responsabilidad civil a título lucrativo.

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