El Gobierno transferirá en un año Prisiones al País Vasco

SPC
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El Ejecutivo cede a la exigencia de la Lendakaritza de controlar las cárceles en la región, pero no atiende la vieja reivindicación de tener una Seguridad Social propia

El Gobierno transferirá en un año Prisiones al País Vasco - Foto: JON BERNARDEZ / LEHENDAKARITZA.

Los Gobiernos central y vasco iniciarán en febrero la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi, en el que se incluye la gestión de prisiones -esta sería en junio-, pero no el régimen Económico de la Seguridad Social, una materia que la Lendakaritza considera «prioritaria» y que aparece recogida en el Estatuto de Gernika. Dichas peticiones vienen recogidas en un documento elaborado por La Moncloa, que ha fijado un plazo de un año para culminar estos traspasos. 

El inminente inicio de este proceso fue anunciado ayer por el portavoz del Ejecutivo regional, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en la que explicó que, pese a las «discrepancias» que existen entre ambas partes en materia de traspasos competenciales, el Gabinete de Íñigo Urkullu no «desaprovechará» la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Euskadi. 

En el calendario de trabajo que la Administración central ha remitido a Vitoria se hace referencia al traspaso de 33 materias, cuatro menos de las que los jeltzales exigen, y que se refieren al régimen económico y a otra serie de materias relacionadas con la Seguridad Social. 

Las conversaciones entre ambas Administraciones -que a finales del año pasado ya acordaron algunos traspasos menores relacionados con ferrocarriles y carreteras- comenzarán a partir de la primera semana de febrero, cuando el Gobierno central presentará una primera propuesta para transferir a Euskadi siete materias. 

Como paso previo al inicio de este proceso negociador, el Gabinete de Pedro Sánchez ya remitió al de Urkullu un calendario de trabajo en el que se recogen las materias sobre las que la Administración central está dispuesta a negociar este año.