Era mucha la expectación generada en torno a la comparecencia ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer un balance de sus primeros 100 días en el cargo. Fuentes de La Moncloa ya habían adelantado que «haría un anuncio importante», además de su intención de exponer la acción del Ejecutivo desde que prosperara la moción de censura el 1 de junio.

Y apenas pasados 10 minutos de su discurso llegó ese anuncio, el de la supresión de los aforamientos por medio de una reforma de la Constitución que, «si todos actuamos con altura de miras», pronunció apelando al resto de grupos parlamentarios, podría entrar en vigor «en tan solo 60 días» desde el inicio de su tramitación en el Congreso.

El líder del PSOE lanzó la propuesta después de una semana marcada por las dudas de plagio en su trabajo de tesis doctoral, y por la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tras la polémica por su máster en la Rey Juan Carlos.

No obstante, fuentes del Gobierno indicaron que esta supresión no afectaría a la totalidad de los aforamientos que existen en España en este momento, régimen en el que se encuentran jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado o la Familia Real española, sino que se circunscribiría solo al ámbito político: diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.