El borrador de la Ordenanza Municipal para la Protección del Acueducto abarca una amplia cantidad de conductas penalizables más allá de las que han trascendido en las últimas semanas, incluso a nivel nacional, por su tirón mediático. Llamará la atención que utilizar sus arcos como lugar de estancia pueda constituir una infracción tipificada como leve y que por tanto conlleve sanciones de hasta 750 euros; que introducir papeles u otros residuos en sus juntas, o tirarlos directamente sobre el monumento, sea infracción grave (de 750,01 a 1.500); o muy grave escalarlo (de 1.500,01 a 3.000). Pero no son tres, cuatro ni cinco, sino 42 en total, los párrafos con descripciones de supuestos de uso o abuso que se citan de forma expresa en el capítulo de la norma relativo al régimen sancionador. Y se refieren además no sólo a agresiones directas al monumento, sino a su entorno, que queda definido en la normativa por «las vías públicas y los espacios libres públicos que flanquean» el Acueducto: Azoguejo y plazas Oriental y Día Sanz, así como las calles Teodosio el Grande, Almira y Cañuelos.
En este contexto, la propuesta de régimen sancionador (aún sujeta a cambios) recoge de manera expresa una amplia relación de infracciones tipificadas como leves (hasta 750 euros), graves (750,01-1.500) y muy graves (1.500,01-3.000) que se dividen a su vez entre comportamientos incívicos (27) e incumplimientos en materia de terrazas de establecimientos hosteleros (15).
Asimismo, la nueva ordenanza, a cuyo borrador ha tenido acceso El Día de Segovia, ampliará los requisitos para el desarrollo de eventos en el entorno del Acueducto y fijará nuevos límites a la instalación de mobiliario urbano y terrazas hosteleras (información en página 10), al tiempo que se concederá prioridad al peatón frente a los vehículos en las vías citadas (página 11).
Profundizando ya en el régimen sancionador, quien tire por ejemplo un papel o una colilla de cigarrillo («cualquier tipo de residuo», señala exactamente el texto), ya no sobre el monumento sino al suelo de las plazas o calles del entorno, se expone a ser multado por lo que se plantea calificar como una infracción leve, de las de ‘hasta 750’. Igual que si alguien alimenta a las palomas, una conducta tan clásica e inocente como seria, si se tiene en cuenta el daño a la piedra que causan estas aves y sus excrementos. Si se permite que la mascota haga sus necesidades en cualquier vía del entorno y no se retiran sus deyecciones, multa leve; y si las deyecciones son sobre el propio monumento, muy grave.
Pensando en el impacto visual, también se expone a sanción (leve, hasta 750) un residente de este entorno que tienda o exponga ropa u otros «elementos domésticos» en su ventana o balcón. Y pensando en la movilidad, se expone a multa al hostelero que sobrepase el área de terraza autorizada en cualquier medida, ya sea por un cartel, por la pata de una silla, la de una mesa o cualquier otro elemento. De hecho, si se excede menos de un 10% el incumplimiento es leve, y si supera ese porcentaje pasaría a ser grave. A esa escala se eleva también la conducta de un ciclista que apoye su bici en un sillar, por lo que la multa ya pasaría a ser de 750,01 euros como mínimo.
La teoría es clara en ese sentido, pero luego será cuestión de cómo se aplique la ordenanza en la práctica, aunque el Ayuntamiento cuenta con incrementar la vigilancia a través de agentes de la Policía Local y técnicos municipales que velarán por su control y cumplimiento.
Cierto es, por otro lado, que tanto esos aspectos como los de cualquier otro capítulo de la ordenanza están todavía por aprobarse. De momento lo que hay es un borrador elaborado por la Concejalía de Patrimonio Histórico, del que los grupos de la oposición recibieron copia a mediados de mayo para que estudiaran hacer aportaciones, y ya hay unas cuantas sobre la mesa.
La idea era haber llevado una propuesta ya consensuada al pleno de junio, el de este viernes 22, pero las conversaciones se están alargando más de lo previsto y ahora ya se piensa en el pleno de julio, a finales, para asegurar el respaldo unánime que se busca, o al menos mayoritario. Después vendrá el preceptivo plazo de exposición pública para que cualquier ciudadano tenga acceso al texto completo y pueda presentar alegaciones si lo considera oportuno; y por último, tras la resolución de alegaciones, quedará el trámite de aprobación definitiva para su entrada en vigor en otoño.