El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando Echevarría, habla en esta entrevista de la situación de la Administración de Justicia y relata cómo es el día a día de un trabajo realizado, en muchas ocasiones, con una gran escasez de medios, incluso con pocas condiciones de seguridad. Por ejemplo, afirma que en algunos juzgados se incumplen directivas de la UE sobre protección a las víctimas.  Desde 1994 a 1999, fue juez decano de Segovia y, de 1995 a 2004, miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.  Oficialmente preside la Audiencia desde el 30 de septiembre de 2014, pero se hizo cargo en abril de ese año, al ser el magistrado más antiguo, desde 2004, cuando cesó su titular, Andrés Palomo, destinado como magistrado del Tribunal Supremo. 

Este mes de mayo hemos visto cómo los representantes de la Administración de Justicia en Segovia – jueces, fiscales y funcionarios– han pedido que se garantice la independencia judicial, además de más medios materiales e incremento de plantillas…

Fue todo una suma de coincidencias, aunque en el fondo a funcionarios, letrados de la Administración de Justicia y jueces, nos dirige el mismo objetivo: que todo funcione mejor, pero cada uno desde su propia óptica.  Aparte de los problemas técnicos en el trabajo diario, los jueces pedíamos garantizar la independencia de la Justicia, mientras los funcionarios iban más en la línea de que se mejorase el servicio. 

El juez Joaquim Bosch, que ha escrito un libro junto al periodista Ignacio Escolar, titulado el ‘Secuestro de la Justicia’, ha abogado por reformas estructurales que eviten los intentos de secuestro de la cúpula judicial desde el poder político, ¿hay políticos que se encuentran con jueces que deben favores a sus partidos y se pierde esta neutralidad?

La Justicia no está secuestrada. Desde mi óptica y por lo que conozco, aunque no pueda hablar con completa objetividad, creo que los jueces son imparciales y la Justicia es independiente. Cada uno de nosotros puede tener una ideología, es evidente que somos ciudadanos y, como tales no podemos abstraernos de poder tenerla, pero creo que, a la hora de impartir justicia, actuamos siempre movidos por la ley.

¿Qué piensa del caso que rodea a la ministra de Justicia por el que la oposición le pide que dimita?, ¿esta situación quizá no contribuya a aumentar el crédito en la Administración de Justicia?

Yo no puedo entrar en el juego político de si hay o no motivos... ¿En cuanto a que afecte a la credibilidad...?, la ministra no es la Administración de Justicia, ésta somos los jueces y tribunales y somos independientes del Ministerio de Justicia.

Entre la sociedad cala que la Justicia está politizada, es lenta, está anclada en el pasado y ahogada en los papeles,  ¿por qué ningún Gobierno democrático ha dado el paso de afrontar una reforma integral del tercer poder, para que no se pierda la confianza en él?. 

Estos son estereotipos que se llevan arrastrando desde siempre, hay que tener en cuenta que la Administración de Justicia es una organización muy grande y muy lenta en moverse, tarda en reaccionar, pero una vez que lo hace es como una apisonadora, va muy despacio pero también es muy difícil pararla. Se hacen intentos para mejorarla, pese a la noticiable, no tiene el peso que otros servicios públicos, como la sanidad o la educación, usados por todo el mundo, quizá no llegue a acudir a la Justicia un 10 o un 20% de la población. A la hora de decidir prioridades por los órganos políticos quizá prime el servicio que abarca a más ciudadanos.  Por un lado tenemos la falta de medios, que no debe suscitar debate entre los diferentes partidos, no es una cuestión estrictamente política, y por otro la estructura del Poder Judicial, acerca de la elección de los vocales y la independencia.  

Por ejemplo, Bosch y Escolar dicen que, de los cuatro jueces conservadores del Supremo que han decidido el archivo del caso del máster de Pablo Casado, dos habían dado cursos en FAES donde ha trabajado el presidente del PP. Como miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria, ustedes han pedido que se aplique el espíritu de la Constitución en cuanto a la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sean doce los elegidos entre jueces, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, modificado en 1985 por el PSOE, ¿fue quizá porque no estuvieran suficientemente democratizados algunos órganos judiciales?.

La APM siempre ha mantenido, junto con otras dos asociaciones de las  cuatro que conforman la carrera judicial, que la elección de los 12 miembros tendría que realizarse por jueces y magistrados, como dice la Constitución. De hecho esa es la forma que propugna el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, para garantizar una cierta independencia. El riesgo que se vio en 1985, lo que provocó el cambio de la ley, es que eso pudiese conllevar un corporativismo judicial. Entonces, la estructura de la carrera judicial, sobre todo en la cúpula, era distinta de lo que es actualmente, simplemente por la renovación natural.  El problema que tuvo es que, una vez que se ha suprimido esa forma de elección de los vocales y queda en manos del poder político, de una forma u otra, es difícil revertirlo porque cualquiera que ostente el poder tiene una herramienta más en sus manos… 

Esta semana se han reunido en Burgos los presidentes de los tribunales superiores de justicia de toda España. En la inauguración, el anfitrión, José Luis Concepción, decía que los jueces están cumpliendo con su obligación de manera heroica, a pesar de los escasos medios, y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se ha quejado de la agresividad que parece existe desde algunas instituciones políticas contra las de justicia, ¿comparte estos lamentos?

No sé si heroicidad es elevarlo un poco a la hipérbole, pero es seguro que los jueces en España trabajamos mucho más de lo que podemos,  para llevar los temas al día,  que eso sea heroico o no, siempre habrá excepciones, pero esa es la tónica general. El Poder Judicial es quizá más sensible a los ataques que se puedan realizar desde otras instituciones del Estado, es un poder difuso, un juez no puede revelarse contra un ataque que le haga una institución, lo que nos coloca en una situación de cierta inquietud. De hecho, el motivo de las reivindicaciones de mayo era reclamar contra los ataques que provienen de otras instituciones. Se asumen las críticas cuando vienen de los ciudadanos o de los medios, es normal, pero  cuando viene de las instituciones que se supone que tienen corresponsabilidades en la  Administración de Justicia, se hacen muy duras.     

Castilla y León es una de las cinco comunidades españolas que no tiene transferidas las competencias en esta materia de lo que no se arrepiente el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, argumentando que el Estado nunca ha asegurado una financiación adecuada,  ¿si las hubiera sumido, la situación habría mejorado?

Todo depende de la capacidad financiera de la Comunidad autónoma.  Cuando se habla de transferencia pensamos en el País Vasco o Navarra pero es que ahí hay mucho dinero y se puede mantener mejor el nivel que se pueda prestar desde Madrid. El principal problema que hubo en el momento de las transferencias de Justicia a la Junta fueron básicamente de financiación, hay que tener en cuenta que, en Castilla y León,  hay unas peculiaridades de dispersión que hace que sea muy caro el mantenimiento de muchas sedes y muy pequeñas…  Es una carga muy grande para una Comunidad como Castilla y León. 

En una entrevista que concedió a El DÍA, hace dos años, mantenía que la Justicia funciona bien en Segovia, salvo casos puntuales, ahora vemos que, en el conjunto de los 14 órganos judiciales, se han resuelto más asuntos que los ingresados,  ¿hay cambios?

La Administración de Justicia en Segovia, en general está bien. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es de 2017, puede quedar un poco desfasada. A fecha actual, es de destacar que han ido mejorando los órganos que tradicionalmente habían tenido  problemas de funcionamiento,  como los Juzgados de Sepúlveda y de lo Penal. Es espectacular cómo ha disminuido la carga de trabajo pendiente en este último, prácticamente se ha reducido a la mitad, tanto desde el Juzgado de lo Penal como el de refuerzo [llamado bis]. A nivel de los demás órganos judiciales, la tónica es la que han seguido otros años, están en una buena situación comparados con la media de Castilla y León y de España.  

Una de las imágenes icónicas es la de montones de papeles en despachos y pasillos, ¿para cuándo el expediente digital?

El expediente digital puede acabar con el papel pero no con el problema, si hay retraso lo habrá en papel o digital, la diferencia es que no se verá. El problema de la digitalización es que ralentiza el trabajo de los jueces. En tanto no mejoren las herramientas informáticas que nos ha dado el Ministerio, y lo están haciendo, no habrá más agilidad.    

En su informe anual habla de problemas técnicos vinculados al sistema digital y además destaca las dificultades que existen para grabar los juicios, ¿entonces, no funciona?  

El problema del trabajo con los expedientes es que la herramienta que tenemos se ha ido implantando progresivamente, en Segovia nos correspondió de los primeros y no estaba suficientemente desarrollada. En cuanto a la grabación de los juicios es que no tenemos ningún técnico audiovisual en la Administración de Justicia y se delega en los funcionarios de auxilio que no tienen una formación específica sobre eso. Hay veces que las grabaciones no se oyen bien porque no hay forma de controlar al mismo tiempo si el sonido es el adecuado. Luego cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio sistema informático lo que ha dado lugar a problemas en cuanto a la interconectividad entre  distintos territorios con Justicia transferida. En el edificio de la Audiencia, afortunadamente, tenemos un equipo compuesto por dos informáticos y un formador experto que nos ayudan. Luego hay un centro de atención al usuario del Ministerio de Justicia, para resolver los problemas informáticos, que está fuera de aquí, hay que dar cuenta cuando hay un fallo y esperar a que nos respondan, pero no se puede estar aguardando dos días por asuntos que necesitan respuesta inmediata porque el juzgado puede quedar paralizado y, si está de guardia y resolviendo sobre la libertad de las personas, debe hacerse ya. Cuando eso surge no vamos a ser tan obtusos de dejar a la persona en prisión, mientras llega la solución, se hace por el viejo sistema de escribirlo a mano,  firmarlo a mano y notificarlo a mano. 

Parece que la solución a la dispersión de órganos judiciales en Segovia va un poco más para largo, a juzgar por la lentitud en las obras del edificio de los juzgados,  que iban a acabar en el verano de 2021,  ¿cómo se encuentra el proyecto?

El tema de la dispersión es tan recurrente que, cuando concluya la construcción del nuevo edifico, nos vamos a quedar sin asuntos de los que hablar referidos a la Justicia en Segovia, es endémico, llevamos años y años reclamando… Hay cinco sedes judiciales distintas para un total de 14 órganos, es desmesurado y, algunas de ellas, no tienen las condiciones mínimas, no ya de salubridad, sino de representatividad para que se esté juzgando a ciudadanos sin condiciones para ello.  ¿Cómo están las obras?, si me permite la expresión, parece que nos ha mirado un tuerto, llevamos desde 2007 con el proyecto, luego vino la crisis, después se adjudica a una empresa, entra en concurso de acreedores, viene otra, entra en preconcurso… Espero que, como ha dicho la subdelegada del Gobierno [Lirio Martín] está próxima una nueva adjudicación. Sobre eso no puedo decir nada distinto porque no tengo noticia, tengo que llamar a la subdirectora general de Obras, para preguntar cómo va el proyecto. Ni con este Gobierno ni con el anterior hubo comunicación con los jueces sobre la cuestión. Es el Ministerio de Justicia –y el de Hacienda– el que tiene que poner los fondos para sacarlo adelante. 

¿Qué pasó con la idea de una nueva sede que concentrara provisionalmente los juzgados?

Lo propuse en 2014, cuando llegué a la presidencia, aprovechando que quedaban edificios vacíos en el recinto histórico. Estuvieron mirándolo desde la Gerencia Territorial pero, al final, me comunicaron que ya estaba en marcha el proyecto del nuevo edificio y que no iban a realizar inversiones adicionales.    

El año pasado, los representantes sindicales denunciaron exceso de calor, incluso hubo un desmayo, en junio, con 38 grados, en el Juzgado de lo Penal bis, hay instalaciones que no superarían una inspección de Trabajo…

En septiembre del año pasado, la letrada de la Administración de Justicia, que es la encargada de personal, cerró la Audiencia Provincial porque la temperatura superaba los 30 grados. Hemos solicitado aire acondicionado y nos han respondido que en Segovia no hacía falta. Es triste decirlo, pero, al día siguiente del cierre de las oficinas, se nos suministraron tres aparatos portátiles de aire acondicionado que estaban disponibles en Burgos...   

¿Puede relatar las incomodidades que provoca la falta de espacio, la dispersión?

El Palacio de Justicia se construyó en 1960 y estaba previsto para la Audiencia Provincial, la Fiscalía y dos juzgados. Hoy existen dos juzgados más, la clínica forense, el servicio de atención a las víctimas, los despachos de los peritos e informáticos..., estamos sobrecargados. Encima son dependencias pensando en muy pocos funcionarios, ahora se han duplicado las plantillas, no hay sitio para trabajar. Esto en edificios judiciales pero en otras ubicaciones, como la del Juzgado de lo Penal, la situación es de indignidad para el ciudadano. El mínimo que se tiene que dar hoy día, si se quiere proteger a las víctimas, es que tengan un lugar donde estar separadan de los acusados, que no tengan que cruzarse con ellos en el pasillo, estamos incumpliendo directivas de la UE sobre protección a las víctimas y legislación positiva española adaptando esta normativa. En el Juzgado de lo Penal, que es el mismo que el número 6 o el bis, por falta de espacio, se celebran juicios en una habitación donde están los abogados, el juez, las mesas en el centro, el acusado sentado en el otro lateral y, si viene un testigo, tiene que declarar codo con codo con el acusado. Si tiene que declarar un testigo que no le vea, lo hace desde el pasillo, son situaciones tercermundistas. 

También se registran casos de falta de seguridad en determinadas sedes judiciales...

Esto se va solucionando, hasta hace dos o tres años, el problema fundamental venía en los juzgados de los pueblos –Sepúlveda, Santa María de Nieva y Cuéllar– donde no había ninguna medida de vigilancia. El edifico de Sepúlveda, en la planta baja podía entrar alguien con un bidón de gasolina, si quería, espero no dar ideas, y organizar una escabechina. Ya se han puesto cámaras de seguridad.  Pero no hay posibilidad, por ejemplo, de crear accesos para minusválidos, otro quiebro esencial de la normativa básica, por lo que, en alguna ocasión, ha habido que tomar declaración en la calle a un testigo en silla de ruedas.   

Entre otras necesidades, desde Segovia se solicita una cuarta plaza de magistrado para la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal número 2, ¿cuándo llegarán? 

La memoria que elaboramos todos los años en cuanto a petición de necesidades lo vemos como una carta a los Reyes Magos, sabemos que es imposible atender a todo lo que pedimos todos y se tomen decisiones de preferencias. Lo que más nos ha dolido es que no se haya creado el Juzgado de lo Penal número 2, incluso cuando el CGPJ lo ha considerado prioritario por encima de otros de Castilla y León.    

¿Qué repercusión ha tenido todo el asunto de las clausulas suelo y las comisiones bancarias, que han superado el millar de demandas, les han colapsado?

Se han encadenado una serie de causas que han ido seguidas una detrás de otra, desde las acciones de Bankia a las clausulas de las hipotecas, desde las llamadas suelo a vencimiento anticipado o gastos,  que han dado bastante trabajo. El CGPJ decidió una forma de solucionarlo creando juzgados que se dedicasen a estas materias de forma exclusiva. En Castilla y León no se consideraba necesaria esta medida, en Segovia habría sido mejor que siguiese repartido en diferentes juzgados.  El problema es que ha dado problemas a la hora del reparto de trabajo, en el Juzgado número 1, que es a quien se le atribuyó esa competencia, ha tenido muchos asuntos y los otros juzgados han tenido que asumir su carga respecto de otros, ha dado lugar a descompensaciones. En Segovia la situación no se ha desbordado, porque el titular del  Juzgado número 1 trabajó mucho y bien, aparte de que los asuntos que han llegado no son tantos como en otras provincias.

Hablando del tema bancario, ¿cuándo se ce celebrará la vista oral del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia?

Cuando podamos… El asunto está ya en la Audiencia, en la fase de enjuiciamiento. Yo me he tenido que abstener porque era el ponente en la resolución que acordó que continuase el juicio, de lo contrario estaría faltando a la imparcialidad. Se ha tenido que abstener otro magistrado porque fue él quien instruyó la causa, han quedado dos y ahora la cuestión pendiente es que hay muchas partes, mucha petición de prueba y mucha petición de prueba anticipada, que es en la fase en que nos encontramos.  Luego veremos a ver dónde celebramos la vista si la sala de la Audiencia es suficiente o no.  Al apartarme del asunto no puedo calcular la fecha, dependerá de la nueva Sala, pero creo que la vista se puede celebrar en menos de seis meses.    

¿Cree que tiene futuro en el Tribunal Constitucional el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya, una vez llegado a un acuerdo para levantar la hipoteca con Bankia y retirada la acusación particular,  se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva?

Yo formaba parte de la sala que confirmó el auto del juez del número 5 que decidió el archivo, si hubiese creído que había vulneración de algún derecho, no estaríamos en esta situación. Todas las partes tienen derecho a recurrir las resoluciones y, si se ha vulnerado algún derecho, los tribunales ya dictaminarán. 

Hay jueces que se quejan de que tienen problemas por la interinidad de algunos funcionarios que, cuando pueden, cambian de destino…

Es un problema que se da en la Administración de Justicia y no está bien resuelto. No puede ser que, en un determinado órgano judicial, cuando una funcionaria o un funcionario tomen una baja por maternidad o paternidad y dejen de trabajar, no se pueda cubrir la plaza con otro titular y se acuda a los interinos. Éstos están en una bolsa donde no se garantiza la especialización en la materia, con lo cual nos encontramos con personas que no tienen conocimiento sobre la materia en la que tiene que trabajar o que viene directamente del paro de otras actividades. A veces el nombramiento de funcionarios da más trabajo que el  que tendría que sacar porque hay que formarle. Es un sistema que habría que resolver porque causa problemas. Incluso hay juzgados  que prefieren que no nombren a ningún sustituto e ir tirando como sea a que entre alguien que ralentice más el trabajo.  

Ustedes aplicaron en una condena el agravante de violencia de género, el Tribunal Superior de Justicia les rebajó la condena tres años, de ocho a cinco, y el Supremo les da la razón ¿es un respaldo a que hacen bien los deberes?

Cuando tomo una decisión no me planteo si soy o no pionero en algo, sino que nos basamos en si concurren razones legales… Que lo avale el Supremo siempre satisface. 

También han dado la razón a una reclamación por daño moral a un cliente de Volkswagen, firma que incorporó un dispositivo para manipular los niveles de emisión de contaminantes…

Últimamente estamos en la cresta de la ola… Las cosas llegan cuando llegan, lo deliberamos mucho y, al final, tomamos esta decisión porque nos pareció la más adecuada dentro de las opciones que han desarrollado hasta el momento otras audiencias provinciales.