El Ayuntamiento de Segovia tiene todavía demasiados frentes abiertos en el conflicto del parking de José Zorrilla como para ver con claridad la posibilidad de reabrirlo por completo (con plazas de rotación y de alquiler) y en condiciones antes de que acabe el año. La alcaldesa, Clara Luquero, no descartaba ninguna opción este jueves al ser preguntada por la prensa, incluida la opción de diciembre, pero tampoco se aventuró a dar nuevos plazos. No en vano, a finales de 2017 habló de febrero de 2018, en febrero se sugirió junio, en junio a finales del verano... Los imprevistos se han ido sucediendo y será difícil no deshojar todo el calendario de otoño.
Por de pronto, precisamente este jueves se aprobaba en Junta de Gobierno Local una modificación presupuestaria de 31.944 euros para sufragar los gastos en reparaciones pendientes y el montante global ya ronda los 200.000 euros, el doble de lo que se calculaba en febrero y sin contar el gasto en horas extra de los operarios municipales.
La empresa contratada para reparar las humedades y el sistema eléctrico comenzó a trabajar hace sólo dos semanas con un plazo de ejecución de tres meses. Luquero reiteró que los técnicos municipales creen que podría terminar antes, pero el plazo es ese.
También está pendiente la adjudicación de la instalación de un nuevo sistema de control de los accesos al aparcamiento, lo cual conlleva sus preceptivos tiempos de tramitación, firma de contrato y posterior ejecución. Y en paralelo se sigue trabajando en la elaboración del reglamento de funcionamiento de la infraestructura para su gestión directa por parte del Ayuntamiento, lo cual también incluye la aprobación de unos precios públicos de uso que ya están «definidos», pero no aprobados.
«Cuando una concesionaria abandona el servicio no hay las cantidades necesarias presupuestadas para corregir las deficiencias», justificó la alcaldesa. «Hemos trabajado de la manera más ágil y posible, con operarios trabajando por las tardes para resolver los problemas de humedades más urgentes, y ahora ya está la empresa trabajando y seguimos avanzando», señaló para justificar los siete meses que han transcurrido desde que el Ayuntamiento recibió las llaves del parking. La UTEconcesionaria, Collosa-Pygsur, decidió entregárselas de forma unilateral el 28 de febrero, después de que ya en 2016 el TSJ fallara a su favor en la petición de rescisión del contrato rechazada por la vía administrativa el 30 de abril de 2015. La ya exconcesionaria considera que dejó de ser responsable de la instalación desde esa fecha de la «desestimación indebida», y así fue creciendo el deterioro del aparcamiento, ante la falta de acuerdo entre las partes para una liquidación que el Ayuntamiento cifró en 3,6 millones, mientras la UTE pide prácticamente el triple. El conflicto, por supuesto, sigue abierto en la vía judicial, y el parking, a la espera de reabrir en una fecha que se supone relativamente próxima, pero aún indefinida.