El obispo Árias Dávila no midió la repercusión que tendría el encargo de imprimir las actas del sínodo de obispos de Aguilafuente (585 habitantes), celebrado en la villa en 1472, entrado ya el siglo XXI, pero no porque supusiera el origen de la imprenta en España, un histórico y revolucionario avance, sino por el caos político que se iba a producir entre el alcalde, Jesús Ballesteros Massó (PP),  y quien fue su primera teniente de alcalde, en la legislatura 2011-2015,  en la actualidad concejala no adscrita tras abandonar las filas populares, Raquel Alonso.

Este enfrentamiento, derivado de la desautorización del alcalde a la concejala para convocar la clausura de la exposición Sinodal de Aguilafuente,  a la que asistió el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, entre otros,  –él  no estuvo– ha derivado en que salgan a la luz algunas posibles malas prácticas políticas del regidor municipal, que en algún caso ha pedido corregir el Procurador del Común.  

Tras poner de manifiesto algunas anomalías, a lo largo de estos mandatos, el diputado socialista de la zona,  José Antonio Mateo, dice que este alcalde «ha hecho del pueblo lo que ha querido,  de su capa un sayo, incluso quiso bonificar en un 50% el IBI para las familias numerosas, porque él se encontraba entre las pocas que había en el pueblo».  Con cuatro concejales del PP, dos del PSOE y la no adscrita, según el acta del pleno del 11 de noviembre de 2016, se produjeron seis abstenciones. La segunda propuesta, para reducir la bonificación al 10%, recibió dos votos a favor, otros dos en contra y dos abstenciones. No salió adelante.  

Una resolución del Procurador del Común, fechada el 1 de junio de 2018,  recomienda que se anule un acuerdo adoptado por el pleno del 22 de septiembre de 2017 «en todo lo que implica una alteración de las bases reguladoras de las ayudas al estudio parta la adquisición de material escolar (…) así como el decreto de la Alcaldía por la que se otorgan dichas ayudas». El asunto es que algunas se concedieron a vecinos endeudados con el Ayuntamiento. 

Ballesteros se defiende: «Es un tema tan nimio como que se trata de 56 euros por niño, nuestra política es fomentar la natalidad y tratar de igualar las condiciones de vida de los municipios pequeños con los grandes, si había alguna familia con deudas, la secretaria de la corporación estudia el tema jurídicamente para ver cómo lo podemos resolver».  

PONER TRABAS. En la defensa lanza una carga de profundidad contra Raquel Alonso, a quien acusa de tratar de «poner trabas» con este tipo de denuncias al Procurador del Común «porque destila odio y rabia». Alonso, esposa del comisario de la muestra del Sinodal,  impulsor de actividades y publicaciones vinculadas con el origen de la imprenta en España, el catedrático Fermín de los Reyes,  asegura que fue cesada por wasap y que el alcalde la reconocía en todos los ámbitos  como concejala de Cultura, pero Ballesteros lo niega y argumenta que ella fue la que dimitió, aparte de tildarla de desleal.  

Para no tener problemas se dio de baja en el PP, aunque la presidenta provincial, Paloma Sanz, tiene en sus manos una carta de diez folios, enviada por De los Reyes, donde le detalla, una por una, más de treinta posibles malas prácticas de Ballesteros –farmacéutico de profesión–,  comenzando por referirse a la «escasa dedicación» pese a un sueldo de 500 euros al mes, con 14 pagas,  o que, mientras que los hijos del político estaban en el colegio, las ayudas escolares consistían en un chándal, y ahora el dinero es por hijo empadronado, ya que trasladó a los chavales a estudiar a un centro de otro municipio.  

En este rifirrafe, que aún no tiene escrito su capítulo final, el alcalde advierte que tiene denunciado y pendiente de juicio a Fermín de los Reyes por haber escrito artículos que considera ofensivos donde, en su opinión, ha metido a su hija, menor de edad. «Está henchido de ego y odio e intenta actuar contra mí de forma personal, espero que le condenen (…); si no está de acuerdo con lo que se hace en el Ayuntamiento, que se presente y gane», matiza Ballesteros.

Raquel Alonso explica que el alcalde le quita la palabra en las sesiones, habla de que ha habido contratos de personal temporal, sin publicidad; de incumplimiento del compromiso de dedicación al cargo o de haber dado de alta un día a su hermana para custodia de la plaza de toros, mientras que el resto de personal cobra en ‘b’, y de enviar requerimientos al colegio desde el Ayuntamiento por problemas con alguno de sus hijos.  En el pleno del 6 de abril de este año, el alcalde respondió a la pregunta que no había contestado en la anterior sesión argumentando que se dedica al cargo «las 24 horas del día», desde eventualidades a actos públicos, «algo más que cumplir un horario de oficina de tres horas o lucir un modelito en el banco de autoridades de la iglesia», según el acta.   

Jesús Ballesteros se muestra convencido de que «por razones personales o familiares [Alonso] intenta emponzoñar la vida municipal, si tiene algo [irregular] que vaya a los tribunales. Llegan al acoso personal [ella y De los Reyes], demuestra que son de baja ralea ».

Raquel Alonso afirma textualmente: «Me ha acosado [el alcalde] y espera sumisión, pero aquí no hay odio, solamente se le está preguntando por las numerosas irregularidades detectadas (...), busco los intereses de los vecinos». La concejala no adscrita mantiene que la situación se fue deteriorando desde que el rechazo la bajada del IBI, pero luego, argumenta, «sin que sepamos el motivo, se ha producido un acoso sistemático a mí, que he trabajado por el pueblo y lo he representado en numerosas ocasiones, al contrario que el alcalde, que ha estado ausente en muchos actos y ha tenido muy pocas ideas; no tolera que se le lleve la contraria y tiene que imponer su opinión, actúa con un autoritarismo más propio de un sistema caciquil que de una democracia, y no so la única en decirlo».

En el pleno de este lunes,  Raquel Alonso se interesó por un «exceso» de gasto en las fiestas. Cuenta la concejala expopular  que, tras la sesión, Ballesteros la echó de la casa consistorial, aparte de que no consiguió la información que buscaba: «Me quita la palabra, no me admite preguntas, me contesta con malos modos y con falsedades, manipulando las actas, no soporta que se le controle (...) Emponzoñan la política los corruptos y quienes apoyan o miran a otro lado». 

El tema de los crucifijos, «amortizado»

 

A finales de 2014, el consejo escolar del CRA ‘Las cañadas’ instó al alcalde, Jesús Ballesteros, a que no entrara en el centro, ni solo ni acompañado, en dependencias donde hay documentación confidencial de los alumnos. En el fin de semana del 12 al 14 de diciembre de aquel año, junto con otras personas, el regidor municipal –en la foto– entró en el colegio, buscó los crucifijos que estaban colocados en las aulas, ya retirados, y procedió a colocarlos. Los representantes de profesores y alumnos le instaron a que «no vuelva a colocar ningún tipo de elemento en las paredes de las aulas sin el visto bueno del equipo directivo» y acordaron retirar los crucifijos que éste había colgado.  Ballesteros, que considera que este tema está ya «amortizado», respondió que «el hecho de que el Estado español sea aconfesional, que no laico, no implica que la religión quede relegada exclusivamente a un ámbito privado».

Hace dos años tampoco fue bien vista la decisión del alcalde de instalar cámaras de videovigilancia en el colegio, lo que fue criticado por el socialista José Antonio Mateo ya que, en su opinión, no contó con la comunidad educativa, poniendo de relieve «el particular modus operandi de un alcalde acostumbrado a actuar por su cuenta sin dar explicaciones a nadie». Ballesteros asegura que el sistema de videovigilancia –que controla el Ayuntamiento– afecta a una zona muy concreta, está legalizado y ha conseguido su objetivo, que era impedir actos vandálicos o botellones que se registraban en horarios extraescolares.