Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como 'kale borroka', según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.