Los analistas han coincidido en destacar que la renuncia del juez Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a prestigiar la Justicia, en la diana tras una sucesión de acontecimientos que han puesto en cuestión su imagen. El cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas, las huelgas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, las protestas de los abogados por el impago de los servicios del turno de oficio o el más reciente ‘mercadeo’ de PP y PSOE con la renovación del CGPJ amenazaban con hundir a la Justicia en un pozo de descrédito y desconfianza social.
El arrebato de orgullo del juez Marchena ha rebajado la intensidad del incendio, pero todavía hay llamas vivas en torno a este poder del Estado. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y académicos del Derecho piden en El Día de Segovia reformas para garantizar la prestación adecuada de este servicio fundamental.
El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, cree que la Justicia no atraviesa una crisis diferente a las que ha sufrido en anteriores ocasiones, pero observa peligros. Por un lado, el interés de los implicados en el juicio del ‘procés’ en desprestigiar los tribunales. «Si yo fuera el abogado de los acusados me interesaría que el tribunal que tiene que juzgarles estuviera lo más debilitado posible de cara a la opinión pública y también de cara a ponerlo en duda en instancias superiores, como la europea. Hay sectores que están interesados en que la imagen de la Justicia y especialmente la del Supremo estén en entredicho», argumenta Pando, que también censura «el intercambio de cromos» entre partidos políticos en el CGPJ. Y reclama, además, cambios en la Justicia a nivel estructural y organizativo.
«La Constitución dice que los jueces y fiscales no pueden sindicarse. Pues cúmplanlo y prohíban las asociaciones», solicita por su parte el fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva. Este pone el acento en que todos los presidentes de audiencias provinciales pertenecen a alguna de las asociaciones de jueces y fiscales, mientras la otra mitad de los integrantes de la carrera fiscal y judicial no forma parte de ninguna. «¿Eso quiere decir que la mitad de la carrera son torpes y los que están asociados son estupendos?», cuestiona.
El juez decano de Segovia, Jesús Martínez Puras, considera que «el mejor sistema para la elección del CGPJ, para garantizar la independencia de los órganos de gobierno de los jueces, es que los 12 miembros que establece la ley que deben ser de procedencia judicial los elijan los jueces, aunque luego los ratifiquen el Congreso y el Senado». Su visión de la situación es pesimista: «Muchas veces no les interesa a los políticos que la Justicia funcione en condiciones. Por eso tenemos esta carencia de medios desde hace cien años y no quieren que se solucione definitivamente. Para poder investigar de manera bien y ágil necesitamos contar con medios y recursos. Si no los tenemos, por ejemplo, en los asuntos de corrupción –que son muy complejos– no llegamos hasta donde podríamos».
Ese SOS en solicitud de más recursos también es lanzado por la secretaria de la Audiencia Provincial, Celia Salvador, que tras 45 años en ejercicio es testigo de cómo «desde hace bastantes años no hay un proyecto para la Justicia y no se analiza cuáles son las necesidades reales». «Es un desastre. Tienes la sensación de que está todo improvisado. No da tiempo a que madure una cosa cuando ya la han cambiado», analiza, al mismo tiempo que reconoce que el sentimiento extendido es una mezcla de frustración y desánimo. «La solución es muy difícil porque siempre te dicen que no hay dinero y haría falta. Yo creo que a nadie le ha interesado que esto funcione. Si funciona, es gracias a la voluntad y la ilusión de todos los funcionarios. Desde el presidente de la Audiencia hasta el último», remacha.
DESIGUALDAD. El impago del turno de oficio durante los últimos cuatro meses, por parte del Ministerio, ha sido uno de los conflictos recientes que han estallado en el seno de la Justicia. Para el decano del Colegio de Abogados, Julián Sanz, ha servido para recordar las diferencias que existen entre Comunidades Autónomas. «Si la Constitución dice que al mismo trabajo, el mismo salario, ¿cómo es posible que haya Comunidades que cobren 900 euros por un asunto penal del turno de oficio, mientras nosotros recibimos 300? No tiene explicación. Es normal que haya discrepancias y malestar porque dentro de España no todos somos iguales», recalca. En su opinión, «hay bloques de la Justicia en los que las competencias no se deberían haber transferido a las Comunidades, sino que deberían haber seguido estando controladas por el Estado». Y como otros actores de la Justicia, pone el foco en que «estamos trabajando con unas carencias absolutas de medios».
Coincide en parte con su visión el decano del Colegio de Procuradores, Jesús de la Fuente, defensor de un cambio en la organización administrativa de la Justicia. «Para mí, el gran error es que el sistema esté desdibujado en 17 justicias. Hay 17 organizaciones judiciales distintas en España, y las competencias nunca deberían haber salido del ámbito estatal. Ha dado lugar a disfunciones que se acaban plasmando en las resoluciones judiciales que soportan los ciudadanos», concluye en su análisis de la actual situación en un ámbito que ha pasado de encargarse de juzgar a ser juzgado.