Setenta y cinco millones de euros al años perdería la hucha autonómica si, como plantea el Partido Popular, se suprime el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el gravamen que se paga cada vez que se firma una hipoteca. Una cantidad que se eleva por encima de los 365 millones si ampliamos el abanico al último lustro, donde los ingresos anuales se han estabilizado entre los 70 y los 75 millones de euros al año, según los datos que maneja la consejería de Economía. Sin embargo, el impuesto bumerán, tan manoseado durante las últimas jornadas, apenas supone un doce por ciento de la recaudación tributaria anual de la Junta de Castilla y León, el porcentaje más bajo de la serie histórica.
El otrora rey de los impuestos del Gobierno regional llegó a acaparar el 35 por ciento de los ingresos que percibía la Junta antes de la crisis, pero el frenazo del sector inmobiliario lo lastró hasta tocar mínimos. Una cuesta abajo que, sin embargo, podría revertirse con el cambio de tendencia en el mercado inmobiliario donde se ha reactivado la compraventa de viviendas, lo que elevaría los ingresos derivados del impuesto hipotecario. Unos fondos que la Comunidad podría perder si se hiciera efectiva la propuesta lanzada ayer desde Helsinki por el presidente del PP, Pablo Casado, y secundada por los populares regionales de suprimir este gravamen autonómico.
La propuesta la criticó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que invitó a Casado a «que hable con los presidentes de comunidades del PP, porque a mí ellos me piden más recursos para sanidad, educación, infraestructuras. Si eliminan este impuesto tendrían menos recursos». Un caso similar al que ocurre en la Comunidad, donde la principal demanda del Ejecutivo regional al Estado es la necesidad de más fondos. Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, defendió la postura de su líder nacional y aseguró que «lo lógico sería que el impuesto no lo pague nadie», ya que esto serviría para «garantizar que no sea el cliente el que de una manera u otra termine pagándolo».
De momento, el cambio legislativo que anunció porPedro Sánchez, y que será oficial hoy tras el Consejo de Ministros, vía decreto ley, no supondrá ninguna merma en la recaudación de la Junta, toda vez que a partir de ahora serán los bancos los encargados de abonar este tributo en detrimento de los usuarios. Este coste que, según estiman desde Gestha, rondaría los 2.100 euros para la entidad financiera y los 625 para los clientes, cuando hasta ahora el reparto del coste era a la inversa. Sin embargo, tal y como alertan desde el portal inmobiliario Kelisto.es, «un encarecimiento del interés de las hipotecas de solo 0,10 puntos, supondría gastar un 10% más que lo que el consumidor desembolsaba cuanto tenía que pagar el AJD». Es decir, que la banca podría terminar repercutiendo en el cliente la asunción del impuesto.
En la actualidad, este tributo tiene en Castilla y León un tipo medio del 1,5%, el más alto de España, aunque cuenta con beneficios fiscales del 0,5 y 0,01 para locales comerciales y jóvenes y medio rural respectivamente. Sin embargo, según las cifras que maneja la Consejería, apenas 4.000 de los 68.000 expedientes sobre este impuesto se beneficiaron de estas exenciones durante 2017.