Después de que esta semana el PP y el PSOE llegarán a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la selección de los vocales del gobierno de los jueces sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno de turno, a pesar de que la extracción de los mismos fue avalada en 1986 por el Tribunal Constitucional (TC), sin embargo éste órgano alertó también de los «riesgos» de un sistema que la mayoría de los partidos han prometido reformar, sin cumplir nunca ese compromiso.
Cada cinco años se repiten las críticas a los partidos que se reparten los vocales y se extienden sombras sobre un órgano que, sin capacidad de juzgar, tiene en sus manos competencias disciplinarias y de nombramientos que pueden influir en la independencia judicial.
La Constitución suscribe que de los 20 miembros, 12 serán elegidos entre jueces y magistrados, según se establezca en ley orgánica, y ocho entre juristas, cuatro en el Congreso y cuatro en el Senado.
Entre 1980 y 1985, los 12 vocales de extracción judicial fueron elegidos por los jueces, pero en 1985, con mayoría absoluta socialista, se fijó la selección de los 20 miembros del Consejo. Y se determinó una mayoría de tres quintos de la Cámara para garantizar el acuerdo,
Ante el recurso presentado entonces por el diputado conservador José María Ruiz Gallardón, el TC dio su visto bueno al sistema, pero no ocultó el riesgo de que los partidos se distribuyeran los puestos dependiendo de su fuerza parlamentaria.
Sin embargo, el Constitucional también advertía de que dejar la elección en manos de los jueces comportaba el riesgo de trasladar a la carrera judicial «las divisiones ideológicas existentes en la sociedad».
A partir de entonces se han sucedido las reformas del órgano de gobierno de los jueces, ampliando la capacidad de los profesionales para proponer candidatos a las Cortes, pero sin cambiar de raíz un sistema de elección en manos del Congreso y del Senado.
En 2012, el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abogó por que los 12 vocales de extracción judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados y tachó de «perverso» el actual modelo al vincular directamente el CGPJ a los partidos políticos.