Que las mociones que aprueban los ayuntamientos no son vinculantes es un hecho que se constata con frecuencia en Segovia y en cualquier otro rincón de España. En la frontera entre lo moral y lo legal se quedan de vez en cuando iniciativas institucionales de todos los colores y este mandato canta especialmente en la capital del Acueducto la relativa a la reurbanización del último tramo de su principal eje turístico, el que lleva hasta el Alcázar por Marqués del Arco, La Merced y Daoiz. Sus proyectos están redactados desde 2013 y en marzo de 2017 se instó a ejecutarlos «en cuanto haya una partida presupuestaria disponible», ?según el texto de la moción, pero siguen a la espera. Dos calles y una plaza ahogadas por cierta decadencia urbanística y, sobre todo, por esa enorme enredadera de cables que discurre por sus fachadas. Colgados en precario, sujetos con cuerdas a balcones y rejas o incluso destensados en algunos puntos donde quedan al alcance de quien pasea a pie de calle, añadiendo al problema estético otro de aparente peligro.

Suele hablarse de un único proyecto, aunque en realidad son tres que suman más de 600.000 euros: 167.470 corresponden a Marqués del Arco, 199.655 a La Merced y 241.659 a Daoiz. Eso podría haber facilitado algún avance, pero los tres duermen en algún cajón desde hace más de cinco años y aún no hay planes ni calendario definidos para sacarles de tal parálisis. De hecho, el borrador de los presupuestos municipales de 2019, igual que sucedió con los de 2018, da prioridad a otras obras a pesar de la moción que se aprobó en marzo de 2017, y además por unanimidad. Porque la presentó el PP, pero la terminó apoyando el propio equipo de Gobierno.

Es probable que las cuentas de 2019 no se aprueben como poco hasta el segundo semestre porque el PSOE, en la ronda de negociaciones que inició la semana pasada con la oposición, no encuentra el voto de abstención que necesita de al menos un concejal no socialista. Pero, en cualquier caso, por si quedaba alguna duda, el borrador ya es la prueba más palpable de que el eje principal del histórico barrio de las Canonjías terminará el mandato igual que lo empezó, o más bien peor por el inevitable deterioro que conlleva el paso del tiempo. Según los vecinos, por ejemplo las humedades en los bajos de sus fachadas han aumentado, posiblemente por problemas relacionados con el paso del canal del Acueducto bajo el suelo.

Preguntada por la larga espera de estas obras y su posible aplazamiento, la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos, asegura que «no se renuncia a nada aunque no se incluyan en los presupuestos de 2019», y ciertamente siempre queda abierta la opción de hipotéticas modificaciones presupuestarias o, sobre todo, que entren en el listado de actuaciones para su ejecución con cargo a remanentes de 2018, cuya cuantía se conocerá en próximos meses, cuando se apruebe la liquidación de las cuentas del último ejercicio. Pero el de los remanentes es un ‘comodín’ que siempre permite poner un ‘quizás’ en lugar de un ‘no’ como respuesta en estas circunstancias, aunque, en la práctica, el año pasado también se sugirió tal posibilidad y después se dio prioridad a otras actuaciones. Además, aunque se ejecutaran con cargo a remanentes de 2018, en ningún caso empezaría a resolverse el problema sobre el terreno antes de que acabara este mandato.

CASI DOS AÑOS DESDE LA MOCIÓN. El problema de los cables es el más conocido por motivos obvios. Viene de lejos, salta a la vista de cualquiera y se repite a lo largo de todo el eje turístico de una ciudad que bien puede lucir con orgullo su condición de Patrimonio de la Humanidad, pero por méritos que nada tienen que ver con la gestión de semejante impacto estético. La enredadera crece hacia La Merced y Daoiz, por donde cruza sobre escudos heráldicos de casas palaciegas. Ni el emblemático barrio de las Canonjías es el único afectado por el conflicto de los cables en Segovia, ni Segovia el único municipio que los sufre, pero preocupa especialmente esta zona por su sobreexposición a ojos de los miles de turistas que pasan por allí.

De ahí la moción que llevó el Grupo Popular al pleno del 31 de marzo de 2017. Como se resaltó entonces, «las aceras están hundidas y las losas sin rejuntar». «Tampoco está en buen estado el firme de estas calles, las personas con movilidad reducida o con carritos de niños tienen dificultades para pasar y acaban utilizando la carretera, las conducciones de agua están obsoletas y los cables cuelgan de las fachadas». La propuesta de resolución que se aprobó entonces por unanimidad fue, textualmente: «Que puesto que el proyecto ya está elaborado, en cuanto haya una partida presupuestaria disponible se ejecute el mismo y se proceda a la reurbanización del eje que conforman la calle Daoiz-plaza de la Merced-Marqués del Arco». 

Sin embargo, semanas después de aquella moción se aprobó la liquidación de las cuentas de 2017 con un saldo de 2,3 millones en remanentes y se optó por dar prioridad a otros proyectos. Ahora, a pesar de estar en juego una partida aún mayor con las cuentas de 2019, se vuelven a quedar fuera del reparto. Y aunque no sea extraño que una moción se demore, ya sólo faltan dos meses para que se cumplan dos años de su aprobación, a pesar de no tratarse de la típica resolución que saca adelante un bloque de oposición frente a un Gobierno en minoría con pocas ganas de llevarla a cabo, sino que incluso el PSOE la respaldó. 

¿Aparecerán estas obras en un próximo programa electoral? El tiempo dirá, pero ya es un hecho que este mandato se puede dar por agotado para el corazón urbanístico de uno de los conjuntos patrimoniales de románico civil más valorados de España.

EL ORIGEN DEL RETRASO. El Ayuntamiento ya redactó los proyectos de reurbanización de Marqués del Arco, La Merced y Daoiz en 2013 porque preveía costearlos con cargo al programa Área de Rehabilitación Integral (ARCH) de Canonjías, cofinanciado en su día por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento. En las bases de su convocatoria se establecía que los derechos de financiación de obras viarias en esta zona se generarían en función de la cantidad de propietarios que se implicaran con la rehabilitación de sus inmuebles, y en total se cifró en 400 los que podían acceder a ayudas; pero el Gobierno de Rajoy, en plena legislatura de recortes, precipitó el cierre de este programa en octubre de 2014. 

Con cargo a esa convocatoria se llegaron a conceder ayudas a la rehabilitación de 236 inmuebles, y cuando se retomó este programa en 2016, ya redefinido como ARU (Área de Rehabilitación Urbana) y con menos atractivo que el ARCH para los propietarios, sólo se sumaron 33 más, así que se quedaron 131 inmuebles sin rehabilitar y no se generó la financiación necesaria para acometer toda la urbanización exterior que se pretendía. Sí se reformaron las calles Desamparados, Descalzas, Doctor Castelo o la travesía de Canonjías, pero quedó pendiente el eje principal del barrio. Y en estas circunstancias, desde que el ARU se cerró en 2017, el Ayuntamiento ya sólo tiene la opción de costear estas obras en solitario, justo en un mandato en el que se ha visto seriamente limitado por los pagos de sentencias millonarias, caso de las correcciones judiciales de justiprecios de expropiación de los terrenos del futuro IES de SanLorenzo o el talud de Padre Claret, así como por los más de 12 millones que ha pagado al Estado para devolverle la ayuda del CAT (el abono anticipado de un préstamo de 9,7 millones, un millón de subvención y más de dos por intereses de demora) al incumplir los plazos de ejecución fijados en las bases de la ayuda debido a la quiebra de Volconsa en 2013.

¿DESIDIA DE QUIÉN? Bien puede sonar a desidia que se extiendan los cableados de la manera en que sucede en tantas y tantas zonas de esta ciudad o de cualquiera, ¿pero desidia de quién? La Unesco defiende acabar con las redes aéreas que contaminan la imagen de los conjuntos históricos, aunque no dice cómo. Tampoco la Junta, si bien a través de la Comisión de Patrimonio Cultural trasladó un «ruego» al Ayuntamiento de Segovia en enero de 2017 para que éste liderase la corrección de la estampa de Canonjías hablando con las partes implicadas. 

El Ayuntamiento, mientras, aunque es el responsable del mantenimiento general del espacio público, advierte que no tiene fondos para costear a mayor ritmo la obra civil necesaria para canalizar los cables tapados o soterrados; los propietarios de los inmuebles por donde discurren los cables, tampoco; y las empresas no tienen más obligación legal que asegurar la prestación de sus servicios, con independencia de la responsabilidad social corporativa de cada cual para velar más, menos o nada por el impacto visual de su trabajo. Por eso el Grupo de Ciudades Patrimonio de España retomó hace un año su vieja reivindicación de que sea el Gobierno central el que obligue por ley a las empresas a preservar la estética del cableado, y así se lo trasladó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechando su visita a Fitur en enero de 2018, ¿se hará lo propio ahora con Pedro Sánchez si pasa por el stand del GCPHE en la próxima edición, que se celebra del 23 al 27 de enero?