El acuerdo supone la retirada del recurso por parte de la propiedad, qye tendrá un plazo de nueve meses para presentar el primer proyecto, otros tres para el proyecto autorizado y uno más para empezar las obras.

De no cumplirse estas condiciones, se reactivaría el procedimiento de venta forzosa del inmueble, que el Ayuntamiento tasó en 1'2 millones de euros.