Esta Ley garantiza el apoyo a las personas en riesgo de vulnerabilidad social o económica, a través de cuatro derechos subjetivos como son: servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria; protección económica frente a situaciones de deuda hipotecaria; prestación económica para alquiler a vivienda habitual; y servicio de provisión inmediata de alimentación. Estos deben ser atendidos independientemente de recursos y demanda.

Hasta ahora en Segovia la red atendía a 8.890 personas con cerca de seis millones de inversión, el objetivo ahora con la nueva Ley es ampliar y alcanzar en Castilla y León las 200.000 personas. La comunidad es pionera al ser la primera región autónoma que crea esta Ley que además se apoyará en la labor que realizan las denominadas entidades locales del tercer sector, red de lucha contra la pobreza, Cruz Roja, Cáritas, Cermi y las entidades del Diálogo Social, donde se fraguó este acuerdo en marzo de 2017.