La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) consideró ayer un «error» subir los impuestos a las empresas, como planea el Gobierno de Pedro Sánchez, porque ello «lastraría» la competitividad, recortaría la inversión nacional y extranjera, reduciría a medio plazo la tributación» y podría perjudicar la creación de empleo. 

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó que cuando se habla de subir impuestos «solo se mire a las empresas». «No se puede buscar solo en las empresas los mayores ingresos que algunos piensan que son necesarios», señaló. 

Asimismo, insistió en que la tributación empresarial en España está en línea con la media europea, «por no decir por encima». Así, la patronal apuntó que los ingresos públicos que aportan las sociedades respecto al total alcanzan en España el 30,4%, mientras que la media de la eurozona es del 26,2%. Además, soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a la media europea del 40,9%. De este modo, explicó la CEOE, incluyendo el efecto de todos los impuestos que inciden sobre las empresas, la presión fiscal de éstas es seis puntos superior a la media aplicada en la Unión Europea. 

El dirigente empresarial recordó que las industrias no solo pagan Impuesto sobre Sociedades, sino también otros como las cotizaciones sociales, el IVA y el IAE, entre otros. De hecho, las cotizaciones sociales que aportan las compañías suponen bastante más de lo que se recauda por Sociedades, 93.000 millones frente a unos 23.000 millones. 

En opinión de Rosell, centrarse solo en cómo elevar los ingresos y decir que no se puede hacer nada por el lado de los gastos es «incoherente», porque hay «pequeñas bolsas de despilfarro» que se podrían atajar, como los costes ligados a la burocracia administrativa o el absentismo laboral. Por eso, apostó por una reforma del sector público y por combatir la economía sumergida, ya que ello ayudaría a liberar ingresos y mejorar la recaudación. 

La patronal también mostró su preocupación por la relajación de los objetivos de déficit público al considerar que, en un momento en el que marchando bien la economía y el empleo, la meta no debería ser otra que «reducirlo a cero».