De tierra de emigrantes a país de inmigrantes: son las dos caras de un fenómeno que ha revolucionado la demografía de la España constitucional y estructura social de una nación donde la convivencia democrática se ha combinado con la multicultural.

En 2018 no sorprende tener vecinos, amigos y hasta familiares de distintas nacionalidades; bajar a comprar «al chino»; pasear entre comercios de artesanía marroquí, productos rumanos o puestos de kebab; encontrar en un parque a bolivianos ensayando bailes típicos de su país o subir a un taxi conducido por un ucraniano. También se han incorporado al vocabulario nacional palabras como regularización, patera, cayuco o concertina.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene hoy 46,65 millones de habitantes de los que 4,57 millones son extranjeros, lo que representa casi un 10 por ciento del total. Un escenario muy distinto al de hace cuatro décadas: el año en el que se aprobó la Constitución, abundaban en aquella televisión en blanco y negro los reportajes sobre los compatriotas que «suspiraban por España», por sus pueblos y por sus familias desde Alemania o Suiza.

En 1978, España era todavía un país de emigrantes: más de dos millones vivían «en tierra extraña» como decía la copla, obligados por la necesidad de buscar fuera el trabajo y expectativas de prosperidad que no les daba la patria gris del franquismo. A diferencia del primer gran movimiento migratorio que arrancó a finales del XIX con destino a las antiguas colonias americanas, en la década de los 60 y 70 del siglo XX se produjo otro éxodo pero hacia Europa, principalmente a Alemania, Suiza y Francia: los dos primeros países acogieron cada uno de ellos más de 400.000 españoles entre 1960 a 1977, y Francia, más de 250.000.