La Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a los integrantes de dos bandas internacionales dedicadas al tráfico de drogas que mantenían vínculos entre sí y que contaban con ramificaciones en Segovia. En un auto dictado el pasado 27 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, declaró el procesamiento de 24 personas que introducían cocaína en España procedente de Sudamérica a través del Aeropuerto de Barajas principalmente –también utilizaban el puerto de Valencia– y que se encargaban además de su transformación, elaboración y venta.

Los métodos que utilizaban para burlar los controles policiales en las fronteras eran ‘correos humanos’, ‘paquetes postales’, ‘maletas facturadas’ y ‘ganchos ciegos’ en contenedores aéreos, procedentes de Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador. A cambio de 9.000 euros y una cantidad no determinada de cocaína, empleados del Aeropuerto de Barajas que trabajaban como maleteros o en las cintas transportadoras de equipajes separaban las maletas que contenían los estupefacientes, según el relato judicial.

En estas investigaciones –que provocaron inicialmente 14 registros y 17 arrestos en las provincias de Madrid, Toledo y Segovia– se enmarca la detención de un policía local de Madrid con residencia en Torrecaballeros que tuvo lugar en marzo del año pasado. En libertad provisional desde entonces, está considerado por el magistrado-juez instructor «estrecho» colaborador de otros dos de los procesados, «los máximos responsables», que operaban desde Segovia y se encargaban presuntamente de entregar el dinero con el que sobornaban a los empleados del Aeropuerto de Barajas para que facilitaran la llegada de la droga. Según la exposición de hechos que realiza el juez Ismael Moreno, el policía municipal también hacía de enlace entre aquéllos y la persona que estaba en contacto continuo con los trabajadores del aeropuerto.

El cuarto implicado en la trama que mantiene relación con Segovia fue quien presentó al agente y a los máximos responsables de la organización. De acuerdo a las conclusiones extraídas de las diligencias por el magistrado-juez, en un núcleo de población de Segovia «llevaban a cabo las reuniones, destinadas a fijar los parámetros y modos de recoger la cocaína del interior del aeropuerto y de abonar ‘las fianzas’ a los responsables de su extracción de la aeronave».

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional –con la participación de grupos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central, Valencia, Málaga y Segovia– permitieron interceptar alrededor de 170 kilos de cocaína en diferentes fechas y determinar que este grupo mantenía vínculos con otro dedicado a las mismas actividades ilíciteas. En el marco de sus actuaciones, los agentes también accedieron a una casa en Segovia capital –en la que intervinieron un BMW– domicilio del quinto de los procesados con vinculación con nuestra provincia. En este caso, el magistrado-juez le considera «un elemento esencial del entramado delictivo, pues no sólo era el encargado de recoger el dinero, para facilitar la entrada de cocaína […] sino que también participaba de manera muy activa en la entrada y recogida de cocaína dentro del aeropuerto y actuaba de enlace, […] con la organización criminal liderada por [...]».

DELITOS. Diez de los 24 procesados en esta investigación permanecían en prisión provisional hasta finales del pasado julio; una situación en la que ha pedido que continúen el juez Ismael Moreno, que establece cinco grupos a la hora de concretar los delitos por las que defiende que deben ser juzgados los integrantes de estas dos bandas con conexiones internacionales.

Los cabecillas de la organización –entre los que figuran dos de los detenidos en Segovia– serían los que se podrían enfrentar a las penas más duras (12 años de cárcel), mientras que el policía municipal con residencia en Torrecaballeros podría ser condenado de nueve a 12 años de prisión acusado de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud con el agravante de su presunta pertenencia a organización criminal. El laboratorio para procesar la droga estaba ubicado en una vivienda de San Fernando de Henares.

DROGA EN SUELAS DE ZAPATOS. La operación policial que ha desembocado en el procesamiento de estas dos bandas se inició en enero de 2016 tras aprehender en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) una maleta con 18 kilogramos de cocaína y que los investigados pensaban recoger a su llegada al Aeropuerto de Barajas. Esta actuación permitió detectar una organización de individuos de distintas nacionalidades que actuaban como intermediarios entre representantes de diferentes bandas suministradoras de cocaína y personas con capacidad para introducir dicha droga en España. En uno de los envíos interceptados la droga estaba impregnada en las suelas de cerca de 200 pares de zapatos.

En la operación, la Policía Nacional contó con la colaboración de la DEA de Nairobi (Kenia), el DIRAN (Dirección de Antinarcóticos) de la Policía Nacional de Colombia, la Policía Federal australiana y la Guardia Civil, así como con la participación en la investigación de policías de Bolivia, Ecuador y de Vigilancia Aduanera.