La implantación del Serla en las nueve capitales de provincia y Ponferrada se formalizará antes de que conluya la legislatura. Al menos esa es la intención de la Junta, urgida por los sindicatos y la patronal que también forman parte de su patronato, para culminar un acuerdo del Diálogo Social, que establecía el 31 de diciembre de 2017 como fecha límite para este desarrollo territorial del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla).
La Junta alega problemas administrativos en la contratación del personal y de las infraestructuras necesarias como principales causantes de un retraso superior a un año. El acuerdo para el despliegue territorial del Serla, firmado por el Diálogo Social el 30 de septiembre de 2016, ha chocado hasta hace pocos meses con las limitaciones del Gobierno de Rajoy para la ampliación de personal público.
Tanto los sindicatos como la administración autonómica asumen que la falta de personal ha sido clave para el retraso. No obstante, tampoco se ha avanzado nada en la dotación de locales, para lo que se elaborará un procedimiento con las características necesarias para ofertarlo a los agentes inmobiliarios, ya que se descartó anteriormente la ocupación de inmuebles sindicales.
Todo ello no impide, sin embargo, que tanto Comisiones Obreras como UGT insistan estos días en las reuniones de las mesas del Diálogo Social para que la Junta se comprometa a la implantación territorial con urgencia y con plazos concretos. No obstante, los sindicatos y la patronal quieren incorporar la mediación del Serla a los conflictos individuales de cantidad, que ahora se encuentran fuera de sus competencias. Sindicatos y patronal están apostando muy fuerte para que ambos puntos se incorporen a los acuerdos del Diálogo Social que firmarán en las próximas semanas.
Fuentes de la Junta indicaron a este periódico que se están dando los últimos pasos para que antes de que concluya la legislatura se hayan contratado el personal y las infraestructuras, aunque su puesta en marcha sea a lo largo del segundo semestre del año. Además, insistieron en que la prórroga presupuestaria no afectará al encontrarse una partida de cinco millones en las cuentas del pasado año, de los que 1,4 millones tenían como destino la implantación territorial.