Quienes han pasado por ese trance dicen que estar en la cárcel es una experiencia que marca de por vida. Bien lo sabrá el exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, que en mayo del año pasado ingresó en la cárcel valenciana de Picassent, donde permaneció dos meses. Ahora estudia solicitar una indemnización por los daños morales causados y querellarse contra quienes propiciaron su envío a un centro penitenciario, después de que se hayan archivado las investigaciones judiciales que se seguían contra él.En un auto emitido el pasado 28 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia decretaba el sobreseimiento de las diligencias por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de revelación de secretos. Estas sospechas eran las últimas que le quedaban por aclarar a este sargento que ha participado en numerosas operaciones contra el narcotráfico en la provincia en los últimos años. Cuatro meses antes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto (Valencia) había archivado las investigaciones que también pesaban sobre sus hombros por su posible pertenencia a una organización criminal, tráfico de estupefacientes y cohecho.Estas decisiones judiciales ponen fin a un calvario en el que vio cómo su teléfono era intervenido, agentes de Asuntos Internos registraban su casa y lo detenían, su labor profesional y la de su equipo quedaban puestas en entredicho e incluso era relevado de su puesto por los mandos. M. Á. B. rehusa realizar declaraciones, pero podría estar a punto de iniciar una nueva batalla, aunque en este caso para limpiar su imagen. En declaraciones a El Día de Segovia, su abogada, Susana Moreno, explica que le ha recomendado pedir recuperar el cargo y las funciones que desempeñaba en la Comandancia de Segovia antes de que estallara el caso. Pero también estudian solicitar el reintegro de las nóminas que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido de empleo, además de solicitar una indemnización al Ministerio de Justicia por los días que permaneció privado de libertad y por los daños morales sufridos. Además, se plantean querellarse contra Asuntos Internos de la Guardia Civil, por lo que consideran que ha sido «una investigación con mala praxis en la que también participó la Policía Nacional de Segovia».