La subsanación de lo que algunos califican como una carencia histórica que arrastraba la Diputación Provincial de Segovia ha desembocado en una nueva bronca política que incluso puede llevarse por delante ese reglamento orgánico que por fin tiene la institución. Centrados ha decidido llevar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el documento y serán los tribunales los que dictaminen si se  ajusta a derecho o por el contrario debe considerarse nulo.

Los 24 votos favorables (de 25 posibles) que recibió en el último pleno de la Corporación no blindan los 124 artículos y tres disposiciones adicionales redactados por los técnicos de la Diputación –bajo la dirección del diputado José Luis Sanz Merino– y discutidos en varias reuniones por los grupos políticos con representación en el Palacio Provincial. Aunque si hay que hablar de blindaje, es necesario referirse al que han intentado llevar a cabo el PP y el PSOE –en opinión del secretario de Ciudadanos, Alfonso Martín– con la creación de este reglamento.

La formación naranja, Centrados y Podemos se oponen al resultado final, ya publicado en www.dipsegovia.es. «El bipartidismo está viendo que a partir de las próximas elecciones municipales de mayo el escenario va a distar mucho del actual y se está blindando, al tiempo que al resto nos pone todas las trabas del mundo. Es un reglamento a la carta del PP y del PSOE», critica Martín, que subraya que «todos los partidos debemos tener las mismas oportunidades». Los tiempos empleados tampoco han gustado al dirigente de Ciudadanos («Si la Diputación ha estado toda la vida sin un reglamento, no habría pasado nada por esperar para aprobarlo al inicio del nuevo mandato»), pero asegura que está tranquilo «porque vamos a sacar más diputados que los que exigen».

La obligación a partir de ahora de contar con tres representantes para poder formar grupo político (los que tengan menos irán al grupo mixto, una de las figuras que introduce la nueva norma) es uno de los aspectos que más indigna al diputado provincial y secretario general de Centrados, Juan Ángel Ruiz, que pone el acento en que «podría darse el caso de que hubiera un grupo mixto que representara el 30 por ciento de los votos de la provincia». La normativa aprobada, además, establece que el grupo mixto no podrá presentar más de tres mociones en cada pleno y que tendrá que repartirse también un primer turno de intervención de cinco minutos y un segundo de tres minutos. «Si Podemos saca dos diputados, Ciudadanos otros dos y nosotros otros dos, los tres partidos iríamos al grupo mixto. ¿Qué hacemos? ¿Nombramos un portavoz y que Podemos defienda las mociones nuestras o de Ciudadanos? Limita mi labor de oposición», argumenta el líder de la formación magenta.

Esa hipótesis, «como cualquier otro resultado electoral que se anticipe», es «aventurado», en opinión del portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, que defiende que el reglamento elaborado «no es una foto fija y podrá ser modificado por la próxima Corporación que salga elegida». «En cualquier caso, contempla a las minorías a través del grupo mixto y también respeta a las mayorías, que también es signo de calidad democrática», añade el propio Sanz Merino, al tiempo que destaca que «el listón que hemos colocado está contrastado en muchos ayuntamientos y diputaciones». «Pero cada uno tiene sus expectativas electorales y articula su discurso en base a ellas», remacha.  

MEDIOS. El PSOE también respalda el documento aprobado. Según el diputado de Centrados «porque ahora va a tener el mismo personal de confianza el grupo que tenga 12 diputados que el que tenga cinco».  «Y claro, PP y PSOE han hecho el reglamento mirando que en mayo hay elecciones y pensando en cómo voy a colocar a mi gente porque la familia crece», incide Ruiz. El portavoz de los socialistas, Alberto Serna, sostiene sin embargo, que el reglamento «ha sido muy trabajado, pone fin a una reclamación histórica, recoge las especifidades de Segovia y elimina el uso partidista de la Diputación». «El presidente y el equipo de Gobierno ya no podrán actuar discrecionalmente, se garantiza la pluralidad, se pone unas reglas de juego al debate político, que es fundamental, se corrige la sobrerrepresentación actual de algunos grupos políticos y se abren nuevas posibilidades, como la creación del grupo mixto».

Como su homólogo del PP, Serna hace hincapié en el «amplio» consenso logrado para sacarlo adelante. Un acuerdo del que ha participado la diputada no adscrita María Cuesta (ex de Ciudadanos), que votó a favor a pesar de los reproches que ha recibido. «Es un guiño al posicionamiento que ha tomado de cara a mayo. A mí y a muchísimos votantes de Ciudadanos y de partidos minoritarios les ha fallado. Allá cada uno con su conciencia. Yo la mía la tengo muy tranquila. Sé para lo que entré en la Diputación en 2015 y sigo defendiéndolo. Yo creo que María no lo sabe o se le ha olvidado, pero desde luego para esto no entró», afirma el diputado de Centrados. «Su voto ha llamado poderosamente la atención porque debería haber sido adalid de la defensa de la minoría. Ella misma se retrata, aunque puede haber más cosas detrás que de momento no sabemos», abundan desde Ciudadanos.

Cuesta considera, sin embargo, que su posición está justificada. «En la comisión me abstuve porque estaba en desacuerdo con algunos puntos, como que hubiera liberaciones totales en la oposición o los tiempos de intervención de los no adscritos, pero al final consideré que primaba la necesidad de tener una reglamentación que, además, se puede cambiar en cualquier momento», expone la diputada no adscrita. Cree que es una «anormalidad política» que «una sola persona forme un grupo». «Hasta que dejé Ciudadanos tenía una persona de confianza a media jornada y me venía muy bien, pero un grupo de un diputado no necesita los mismos medios que otro de seis», concluye.

Esas razones no convencen a la procuradora en Cortes segoviana de Podemos, Natalia del Barrio, que censura que no se haya aguardado   a la elección de la próxima Corporación para afrontar esta asignatura pendiente. «Lo han hecho aprovechando una mayoría que no saben si van a tener en 2019. Limita la capacidad de trabajo de los grupos minoritarios. Pero bueno, ya sabemos que la Diputación es un órgano no democrático», remata.