La primera consideración que realiza el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Antonio Silva, en línea con la tendencia de otras fuentes, es que la dispersión de sedes judiciales «es un desmadre, lo que pasa es que la ciudad es pequeña y permite que todos los intelectuales que nos movemos en este mundo nos podamos desplazar con comodidad; materialmente estamos mal». 

Sin embargo, su opinión cambia cuando se refiere al contenido jurídico: «La sala de la Audiencia funciona muy bien, los juzgados por lo general funcionan bien, quizá hay un exceso de inexperiencia por parte de algunos jueces, frente a otros que, por el contrario son más antiguos y conocedores del mundo jurídico práctico; desde el punto de vista de los fiscales, bien,  tienen experiencia, salvo una fiscal joven, y están distribuidos en materias concretas que llevan con bastante dignidad, desde menores a Violencia de Género», matiza Silva.

Su conclusión es que, «por lo general, la Administración de Justicia en Segovia funciona bien». Entrando de lleno en el análisis de la Fiscalía, puntualiza que «marcha a rebufo de la sociedad,  es la que impone las actuaciones»

Silva subraya que, en materia de Menores, se aprecia una pequeña disminución de los asuntos e interpeta que «o hay menos menores o son menos delincuentes». Mientras, asegura que la Violencia de Género «se mantiene lineal todos los años», una materia que es específica y se atribuye a una fiscal que, a su juicio, «lo lleva con una gran precisión jurídica y fáctica».   

Hay oscilaciones, a su juicio, en cuanto a condición de los intervinientes, unas veces más nacionales que extranjeros y al contrario. Para el fiscal jefe, «este año llevamos un 65% de extranjeros y un 35% de españoles, luego hay situaciones mixtas donde normalmente mujeres españolas se casan con sudamericanos o emigrantes del este y generan alguna situación de este tipo».

Desde el punto de vista de la actuación jurídica en relación con los casos de Violencia de Género «es leve», según Silva. Matiza que «tenemos la gran suerte de que no se hayan producido agresiones que lleven el fallecimiento de una mujer, seguimos siendo de las provincias donde lo que hay es una violencia menor, delitos de lesiones menores, faltas o intimidaciones y  amenazas; nos damos con un canto en los dientes, se trata de un tema muy durto, difícil, problemático en cuanto a su solución, no se sabe gran cosa, si informar mucho en medios es malo..., lo ignoramos, actuamos a veces un poco a ciegas, incluso hay quien pide la supresión de la legislación específica en materia, se actúa un poco a ciegas». 

SEGURIDAD VIAL. Respecto a otros asuntos judiciales, Antonio Silva es de la opinión de que no varían las materias específicas, como la social o contencioso,  tampoco las de seguridad vial:«Nos movemos en función de la imposición de las limitaciones establecidas por la Dirección General de Tráfico, si realizan controles de alcoholemia o colocan radares; hoy día se producen anécdotas donde se puede ver que una persona se le hace un control de alcoholemia y se le imputa un delito contra la seguridad del tráfico, cuando hace quince años eso no era nada, cada vez somos más limitativos, más exigentes en seguridad vial y se modifican los criterios».

En materia de droga «es pequeñez lo que hay», en opinión del fiscal jefe, quien asegura que «no existe un movimiento importante de drogas en la provincia, no hay grandes distribuciones; y son muy llamativos, pero hay pocos delitos de amenazas, agresiones o muertes».

Silva destaca que, para agilizar la Justicia se tiende cada vez más a los juicios rápidos y de conformidad, una modalidad que se tramita ahora, por ejemplo, con el propietario de la planta de compostaje de Fuentepelayo, JuanFrancisco Cárdaba, a quien el fiscal le pide dos años de cárcel por un supuesto delito conrtra el Medio Ambiente. 

Los acuerdos son habituales, aclara Silva. No en vano,  acelera la resolución de los asuntos  y logra convencer a la sociedad de que es fácil confesar el hecho y «más rentable para el condenado».