La actividad ordinaria del Ayuntamiento de Segovia no se verá afectada por tener que prorrogar sus presupuestos de este año a partir del 1 de enero, pero sí las inversiones nuevas que no se hayan previsto con cargo a 2018 o antes. Sobre todo, si avanza el año y el PSOE no encuentra nadie en la oposición que le facilite aprobar unas cuentas específicas para el nuevo ejercicio, que es a lo que apunta actualmente. 

Sin una hoja económica de ruta ajustada a 2019 tocará ir tramitando las inversiones nuevas de manera puntual, una a una, con acuerdos plenarios que también exigen mayorías simples, que llevarían su tiempo de tramitación y agotarán el margen para su ejecución antes de las elecciones del 26 de mayo. Aunque ese margen a estas alturas ya es mínimo, casi nulo, incluso si se aprobaran unos presupuestos nuevos en enero, ya que no entrarían en vigor hasta marzo, aproximadamente. Así podría ocurrir con la reurbanización de San Agustín, por ejemplo, si es que realmente se cumpliera con la intención de intentar ejecutarla el próximo año, o con las obras más importantes de los presupuestos participativos, mientras que la reurbanización de Padre Claret sí podría arrancar en la primera mitad del ejercicio porque ya se decidió financiar con cargo a remanentes de tesorería de 2017, igual que el CAT puede librarse de problemas extra en su tramitación por haberse firmado el contrato de obras este año y con acuerdo plurianual aprobado.

Por otro lado, que el Ayuntamiento de Segovia arranque un año con presupuestos prorrogados por retrasarse en la aprobación de los siguientes no es una novedad. En 2016, 2017 y 2018 los nuevos de cada ejercicio no entraron en vigor hasta marzo (2, 20 y 28 de marzo, respectivamente), pero las elecciones reducen a cinco meses el margen que le queda al equipo de Gobierno para rematar su proyecto político antes de enfrentarse a las urnas, y el calendario de tramitación de los presupuestos de 2019 ya no va a mejorar los anteriores. De hecho, el PSOE lo tiene difícil para obtener el voto de abstención que necesita de al menos un concejal de la oposición tras haber perdido a su socio de presupuestos de los dos últimos años, Cs, que ya lleva desde el verano advirtiendo que no llegaría a tres. 

Por eso cobra especial relevancia este escenario, porque Segovia puede verse por primera vez sin un presupuesto municipal específico, algo que ya ha dejado de ser extraño en España tras extenderse por no pocos ayuntamientos en este mandato, a partir de la irrupción de los partidos emergentes. Madrid aprobó sus cuentas de 2018 el pasado verano; Badajoz, el mes pasado; Gijón lleva dos años con presupuestos prorrogados; y en Granada gobierna el PSOE con la prórroga de unas cuentas que diseñó el PP en 2015. ¿Y qué conlleva entonces todo esto?

Alejandro González-Salamanca, presidente provincial del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), resume el significado y los efectos de una prórroga de presupuestos. «Eso quiere decir sencillamente que todos los créditos iniciales de los presupuestos del año que acaba se ponen a cero automáticamente el 1 de enero del año siguiente, así que por tanto no hay ningún problema para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. Después, a lo largo del ejercicio se van haciendo modificaciones si por ejemplo tienes consignado un dinero para baches y toca arreglar un socavón». Otra cuestión es si esa partida como tal no existe en las cuentas prorrogadas, ya que entonces los trámites no se pueden resolver por vía rápida, léase decreto de Alcaldía, sino que deben pasar por comisión, por pleno para obtener mayoría simple, publicación en boletín... Ahí al final se van varios meses, y así con cada partida que debiera crearse. Porque la limitación está en que «no se prorrogan los créditos para servicios o programas que hayan concluido en el ejercicio anterior» y para disponer de ese dinero que figurase en el capítulo de inversiones de 2018 se debe recurrir a una tramitación larga, similar a la de la aprobación de un presupuesto, pero para proyectos concretos.Por eso en un presupuesto prorrogado «no hay problema en el día a día, pero sí afecta al programa de inversiones que pretendiera ejecutarse», del mismo modo que cualquier oferta pública de empleo que pretendiera lanzarse en el ejercicio se vería bloqueada porque «va vinculada al presupuesto».

González-Salamanca también recuerda que la ley pone a disposición de los alcaldes «la cuestión de confianza», que supone ligar su continuidad en el puesto a la aprobación del presupuesto general. Supone un órdago, o las dos cosas o ninguna, ya que si aun así no salen adelante unas cuentas el alcalde debe dimitir, «por eso ésta es una figura que no se utiliza casi nunca», señala el presidente provincial de Cosital. Apenas se utiliza pese a haber casos de ayuntamientos que no han sacado adelante unas cuentas propias en todo el mandato, como el caso citado de Granada. «¿Pero qué sentido tiene que siga un alcalde si no tiene apoyo para sacar sus presupuestos, para firmar nóminas?».Ahí deja la pregunta González-Salamanca, mientras el PSOE cuenta con apurar en las próximas semanas las escasas probabilidades de acuerdo con algún grupo de la oposición.