Parecía que todo iba por el buen camino en Bruselas después de que la UE y el Reino Unido alcanzaran la semana pasada a un acuerdo sobre el Brexit. Sin embargo, la primera traba en el seno comunitario llegó ayer, después de que el Gobierno español plantease sus reticencias y dejase en el aire su aprobación del pacto si no se incluye un cambio que especifique que en cualquier relación futura del bloque y Gibraltar haya un consentimiento previo del Ejecutivo de Madrid.

Los Veintisiete dieron un primer respaldo general al documento de divorcio, pero el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, se plantó al respecto, condicionando su apoyo final a que el texto sea modificado para dotarlo de mayor «claridad jurídica» en el peso que tenga España sobre negociaciones con el Peñón. 

«La interpretación tiene que ser clara: la negociación sobre la relación futura de la Unión Europea y el Reino Unido es distinta de la negociación sobre Gibraltar», aseveró el socialista, que agregó que el problema tiene que ver con el artículo 185 del Tratado de Salida, una referencia que apareció «de la noche a al mañana el pasado miércoles, y que España no ve con buenos ojos, por lo que reclama su modificación. 

Se trata de unos párrafos que apuntan que las dos partes deberán negociar de manera «expeditiva» las condiciones de la nueva relación y ello, «con sus mejores esfuerzos, de buena fe y con pleno respeto de sus respectivos ordenamientos jurídicos». 

«Queremos que quede claro que las negociaciones entre Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar», resumió Borrell, para subrayar a continuación que el futuro de las relaciones con el Peñón se deben realizar «aparte». 

Entre tanto, la primera ministra británica, Theresa May, manifestó que el pacto está «completamente acordado», lo que dificultaría la posibilidad de que se hagan cambios. «Está sujeto, por supuesto, a que se alcance un consenso sobre la futura relación» comercial, que debe llegar en la reunión del Consejo Europeo el próximo domingo, añadió.

También aplaudió que, con su plan, se cambiará «el sistema migratorio» en el país, de modo que los europeos ya no podrán «saltarse la fila» de inmigración.

Asimismo, advirtió de que la fase de transición para la ruptura definitiva, prevista a finales de 2020, no podrá ampliarse más allá de las elecciones, contempladas para 2022.