La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente los recursos presentados por los exdirectivos de Caja Segovia contra el auto de apertura de juicio oral que emitió el pasado 18 de enero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia por el caso de las prejubilaciones millonarias. Los magistrados Ignacio Pando, José Miguel García Moreno y María Asunción Remírez Sainz de Murieta estiman la parte del recurso de apelación que se refiere a las fianzas que la magistrada-jueza Silvia Conde había impuesto, y mantiene intacta la decisión de sentar en el banquillo a la antigua cúpula de la extinta entidad de ahorros.
En concreto reduce de 24,4 a 6,8 millones de euros la fianza que tendrán que depositar de forma solidaria Atilano Soto, Manuel Agudíez, Antonio Tapias, Manuel Escribano, Enrique Quintanilla, Elena García Gil y la aseguradora Caser. En el caso de otros cinco de los implicados la rebaja la calcula individualmente. La de Miguel Ángel Sánchez Plaza pasa de 3,9 millones a 1,1; la de Óscar Varas de 2,4 a 737.890 euros; la de Juan Magaña de 1,019 millones a 302.456 euros; la de Juan Antonio Folgado de 977.405 a 290.031 euros; y la de Malaquías del Pozo de 363.211 a 107.778 euros.
A la hora de valorar este auto, el abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, una de las acusaciones, considera que «tiene una importancia relativa» porque «la responsabilidad civil está garantizada» a través de la entidad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros (Caser).
Seis años y casi dos meses después de que admitiera a trámite una denuncia presentada por UPyD, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia tomó en enero la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a once exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia y a la aseguradora Caser. Aunque todavía habrá que esperar para conocer en qué fecha se celebra la vista oral, las acusaciones –la Confederación Intersindical de Cajas y la Fundación Caja Segovia, además de Izquierda Unida– están más cerca de ver cumplido su objetivo de que se depuren responsabilidades por las irregulares que, según sostienen, se cometieron a la hora de acordar las prejubilaciones e indemnizaciones de quienes abandonaban la extinta entidad de ahorros ante la inminente integración de esta en Bankia.
El Juzgado de Instrucción número 2 ha seguido adelante a pesar de la oposición de la Fiscalía, que se ha manifestado insistentemente a favor de que el procedimiento se archivase y, por tanto, no presentar acusación. Al contrario que el Ministerio Público, la magistrada-juez Silvia Conde sí que apreciaba indicios de una actuación no ajustada a Derecho por parte de Caser y este grupo de exconsejeros y directivos. Por esta razón procedió a imponerles unas fianzas que ahora han sido rebajadas.
Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Varas, Juan Magaña, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo se sentarán en el banquillo como responsables civiles a título lucrativo y Caser, como responsable civil directo. Para ellos no se pide castigo de cárcel. Quienes se enfrentan a mayores apuros son Atilano Soto, Manuel Agudíez, Antonio Tapias, Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Elena García Gil. A ellos el Juzgado número 2 les imputa un delito de apropiación indebida agravado y otro de administración desleal. La Audiencia Provincial se encargará de determinar sus castigos (o su absolución), pero las acusaciones solicitan para ellos penas de prisión que en algunos casos llegan hasta los nueve años. A los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, IU añade uno societario contra Soto, Agudíez y García Gil por el que solicita ocho años de cárcel para cada uno. Este caso se comenzó a investigar en 2011 y se llegó a declarar de especial complejidad.