Entre la segunda y la tercera semana de agosto se prevé que entre en vigor la normativa que pretende acabar con el «problema» de los famosos carteles-tijera que proliferan por el casco histórico y se considera que dificultan el paso de segovianos y turistas, aparte de afear las zonas monumentales. Sólo se permitirán los que pongan los establecimientos hosteleros dentro de las terrazas que estén autorizadas, aparte de los que correspondan a alguna campaña puntual del Ayuntamiento o que estén motivados por fines sociales. De lo contrario, quien o cumpla con la nueva regulación se expondrá a sanciones de entre 50 y 900 euros. Y además, con sanciones mínimas de 301 euros para los comercios u otros negocios que ocupen vía pública sin tener siquiera una terraza autorizada; o incluso a partir de 601 si, además de no tener terraza, se pone más de un cartel, entre otros supuestos.
La llamada Ordenanza Municipal Reguladora de Carteles Anunciadores u otros Elementos Similares Instalados en Vía Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de Segovia se aprobó definitivamente en el pleno del 22 de junio, sesión en la que se desestimaron las alegaciones presentadas por hosteleros y comerciantes a través de la Federación Empresarial Segoviana (FES). Tal y como explica la concejala responsable del área de Servicios,Paloma Maroto, posteriormente se procedió al envío del acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León, trámite obligado para que una y otra institución revisen si se ha podido producir algún defecto de forma. Para ello tienen 15 días, ese plazo acaba el 24 de julio y «el 26 o el 27» se remitirá el anuncio de aprobación definitiva al Boletín Oficial de la Provincia (BOP), «que suele tardar alrededor de una semana en publicar». Y al día siguiente de salir el anuncio, la ordenanza entrará en vigor con todas las consecuencias.
"ÚLTIMO AVISO A NAVEGANTES". El Ayuntamiento cuenta con difundir entonces un comunicado de prensa, que será algo así como «un último aviso a navegantes» porque no se contempla dar «periodo transitorio de ningún tipo». «Ya se han ido cumpliendo todos los plazos que corresponde y de todos se ha ido informando: aprobación inicial, exposición pública, resolución de alegaciones junto con la aprobación definitiva... Si diéramos un mes más porque sí, seguro que todavía habría quien diría que no se ha enterado», sostiene. Así que «la Policía Local estará en disposición de empezar a multar desde el primer día de vigencia de la ordenanza», culminando de este modo un proceso que arrancó hace más de un año y que ya avanzaba El Día en su edición del 18 de marzo de 2017.
Claro que, en la práctica, queda en manos de cada agente, de su capacidad de ‘convicción’ y la manera en que la expresen, la aplicación de la ordenanza. Precisamente este jueves trataba de nuevo el asunto Maroto en su Concejalía. «Hemos estado hablando de ello -a nivel técnico- y trasladaremos al jefe de policía que estamos a su disposición si considera necesario celebrar una reunión con los agentes para explicarles la ordenanza y que todos tengan claro cómo deben actuar, que tengan instrucciones claras».
De velar por el cumplimiento de la ordenanza se encargarán así los agentes y también los servicios técnicos municipales con inspecciones de oficio o a instancias de parte, es decir, por quejas ciudadanas. De esta manera, los carteles deberán dejar de salpicar de forma arbitraria cualquier vía del recinto amurallado, así como la avenida del Acueducto y el entorno del monumento, en el cual se incluyen total o parcialmente las calles Muerte yVida, SanFrancisco, la travesía Doctor Sancho, Marqués de Mondéjar, Gobernador Fernández Jiménez e Hilanderas.