Los representantes de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado aseguran que las obras en la calle de San Juan han cerrado el casco histórico al tráfico durante siete meses, y no se ha valorado las  consecuencias, nefastas, dicen, para vecinos y negocios de la zona. Se quejan de que no han tenido en cuenta a la asociación, ni les han consultado ni han admitido sugerencias y afirman que el Ayuntamiento no ve el recinto amurallado como un barrio de la ciudad, sino como "un centro de negocio enfocado al turismo en el que todas las decisiones se toman pensando en los turistas"

Un barrio que se despuebla, por la elevada edad de los vecinos y por el cierre de centros oficiales y servicios públicos (Policlínico, INSS, universidad, biblioteca, cines, colegios de las Jesuitinas y pronto las Concepcionistas y los juzgados), y que el PEAHIS no solucionará nada porque el incremento previsto de viviendas no supondrá que haya más residentes, sino que "serán para estudiantes de la IE, apartamentos turísticos o segunda residencia para gente de Madrid".

Además, con el corte de San Juan se quedado sin transporte público. Han pedido mayor frecuencia y un nuevo vehículo para la Línea 9. El Ayuntamiento lo ha descartado, dicen, porque no figura en el contrato, pero creen que no hay voluntad política, porque cuando se abrió la nueva biblioteca sí se negociaron los cambios con la concesionaria.

En cuanto a posibles medidas de restricción de tráfico, rechazan la peatonalización completa y piden que se estudie a fondo y con los vecinos. Quieren que se tenga en cuenta que no debería autorizarse sólo para residentes, porque los vecinos "tienen familia  amigos y los centros de trabajo tienen empleados, clientes y proveedores". Proponen aparcamientos disuasorios en el Velódromo y la antigua estación de Renfe y, como necesidad inmediata, reclaman el arreglo de la calle de San Agustín o en su defecto la eliminación de baches.