Hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, tener la oportunidad de invertir en ladrillo era una de las principales aspiraciones vitales de la mayoría de los españoles. Sin embargo, la década de crisis que se vivió a continuación sumergió a la construcción en un profundo pozo del que ahora parece que empieza salir. Las grúas regresan al 'skyline' de las ciudades y la obra nueva creció en 2017 respecto al año anterior.Esos 'brotes verdes' que diría Zapatero parece que son los que han animado a Pablo Iglesias e Irene Montero a adquirir un chalet en la localidad madrileña de Galapagar. En este caso, sin embargo, la inversión no ha sido recibida como un signo de la recuperación económica que vive el país sino (en opinión de muchos) como un símbolo de la incoherencia de los dirigentes de Podemos. Tras asegurar que «no se puede gobernar desde un ático de 500.000 euros» (en alusión a la compra de un inmueble que realizó el exministro de Economía, Luis de Guindos), Iglesias y Montero han decidido que el lugar para formar su familia sea un chalet de Galapagar cuyo precio se sitúa entre los 500.000 y los 600.000 euros.En las declaraciones de bienes de ambos que están publicadas en la página web del Congreso de los Diputados, ya figura la titularidad de ese inmueble, que en el caso de Iglesias se añade a la que también ostenta de una vivienda que adquirió en Ávila el 30 de diciembre de 2013. Son los únicos bienes inmobiliarios que poseen, de gran valor como se ha visto pero pocos en comparación, por ejemplo, con el patrimonio de los diputados segovianos Beatriz Escudero (PP) y Juan Luis Gordo (PSOE). La primera, al comienzo de la actual legislatura, admitía tener el 50 por ciento de una vivienda en Segovia y el 25 por ciento de otra (con plaza de garaje) por herencia, y recientemente ha añadido otros dos inmuebles en Condado de Castilnovo (también al 50 por ciento). Gordo, por su parte, es titular de la mitad de dos pisos en Madrid, otras dos viviendas en Segovia (una por herencia), el 33,3 por ciento de una nave agrícola en Segovia (también por herencia) y de fincas rústicas tanto en Segovia como en Ávila.Como el de Escudero y Gordo, se puede examinar a través de Internet todo el patrimonio inmobiliario de los políticos segovianos que fueron elegidos por los ciudadanos para ejercer su representación en el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Cortes de Castilla y León. Su estudio permite observar que más del 70 por ciento de esos representantes tiene al menos una vivienda en propiedad. Y seguramente sea más ya que las concejalas de Ciudadanos María José García Orejana y Miriam Sanz, y los diputados provinciales Jesús García Pastor, Rafael Fernández, Jesús Yubero, Gloria Hernando y María Cuesta reconocen poseer bienes inmuebles por valor de una determinada cantidad pero no especifican si se trata de viviendas, locales comerciales, garajes o parcelas.Mientras, la casilla de otros cuatro de nuestros políticos permanece vacía, aunque en este caso porque no tienen ningún inmueble en propiedad. En esa situación están el concejal de Educación y Juventud, Álvaro Serrano, el único edil de Izquierda Unida, Ángel Galindo, y los diputados provinciales socialistas Carlos Fraile y Borja Lavandera. Seguramente sea porque se trata de los políticos segovianos más jóvenes y porque forman parte de esa generación golpeada duramente por la crisis a la que el acceso a la vivienda se le ha puesto muy complicado. Entre las promesas de los partidos locales, sólo la diputada provincial responsable del Área de Cultura, Sara Dueñas, declara estar haciendo frente a un préstamo hipotecario. En concreto de 271.159,88 euros, al que se añade otro préstamo personal de 4.692,59 euros al 25 por ciento.Está a la altura del que les han concedido a Pablo Iglesias e Irene Montero, que se sitúa en torno a 540.000 euros a dividir entre dos. Una de las hipotecas más altas (entre los representantes públicos locales que las han especificado en sus declaraciones de bienes) la tiene el senador del PP Juan Ramón Represa: 300.000 euros para un patrimonio configurado por el 25 por ciento de dos viviendas heredadas en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban y en Madrid, el cien por cien de otras dos en Navafría y Segovia, y dos garajes, solares y trasteros también en Navafría. En la clasificación de los préstamos hipotecarios más elevados le sigue la también senadora popular Paloma Sanz (240.000 euros), la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente (204.942 euros), el diputado nacional del PP Jesús Postigo (204.344,10 euros), el socialista Félix Montes (200.000 euros) o el diputado provincial también del PSOE Máximo San Macario, que en concreto tiene dos por un montante global de 230.000 euros, además de un préstamo personal de 45.347 euros.El patrimonio inmobiliario de los políticos segovianos no está nada mal, aunque por encima de todos sobresale el de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos. Las 10 viviendas, 12 garajes y un local que figuran que posee la sitúan al frente del ranking. Entre todas sus propiedades tiene una riqueza inmobiliaria valorada en más de un millón de euros y ninguna deuda hipotecaria a la que hacer frente.Otras colegas suyas del equipo de Gobierno municipal son tambiñén titulares de una amplia lista de casas. La alcaldesa, Clara Luquero, tiene una vivienda en Segovia y otra en Alicante; la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, una en Segovia, el 33,33 por ciento de otras dos en Marazuela, tres garajes y un trastero; o la edil de Deportes, Marian Rueda, tres en Segovia y otras dos en San Ildefonso. En la oposición, por su parte, la portavoz del PP, Raquel Fernández, tiene su patrimonio en este ámbito bastante repartido: posee el 33,33 de una vivienda, el 12,5 por ciento de otra, el 25 por ciento de una parcela urbana y de ocho fincas rústicas y el 50 por ciento de un 'leasing' inmobiliario sobre un local. No sólo se compran casas Pablo Iglesias e Irene Montero.