En el informe anual incluido en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, se muestra tajante a la hora de advertir que, derivado de la dispersión de sedes judiciales y de las limitaciones presupuestarias, «la falta de medidas de seguridad en las sedes judiciales es evidente».  La paralización del nuevo edificio de los juzgados debido al concurso de acreedores de la adjudicataria, a punto de resolverse,  pasando el contrato a otra compañía, según la Subdelegación del Gobierno,  no produce precisamente situaciones de optimismo.

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