Según fuentes de IU, que lleva la acusación popular, el 22 de enero tendría lugar el inicio del juicio y las cuestiones previas que previsiblemente planteen las partes. La Fundación Caja Segovia mantiene la acusación particular, así como la Confederación Intersindical de Cajas, mientras la organización de izquierda duda de que se le pueda considerar popular ya que formó parte de las instituciones donde se elejían consejeros y en la asamblea general de la entidad, por lo que se consideraría parte afectada.
El juicio continuará los días 5,6, 7,12 y 14 de febrero, para concluir el día 19.
Con fecha 15 de junio, en un auto, la Audiencia Provincial de Segovia rebajó de 24,5 millones de euros a 6,8 millones la fianza conjunta y solidaria de los seis exaltos cargos de la entidad financiera Caja Segovia acusados de un delito de apropiación indebida: Atilano Soto, Manuel Agudíez, Antonio Tapias, Manuel Escribano, Elena García Gil y Enrique Quintanilla.
El auto mantenía la apertura de juicio oral, decretado por el Juzgado de lo Mercantil de Segovia, para dirimir las responsabilidades en el caso de las prejubilaciones.
Los magistrados consideraron que la fianza fijada, en el auto de apertura de juicio oral, deberá rebajarse hasta los 6.835.000 euros, de forma “conjunta y solidaria” de los acusados con Cáser, “como responsable civil directa”, si bien la entidad aseguradora “dentro de los límites de su aseguramiento” de 5 millones de euros, “tal y como expresa el auto de aclaración de 5 de febrero de 2018”, informa ICAL.
Estas mismas circunstancias, reconocieron los magistrados, también afectan a las cantidades solicitadas a los cinco exdirectivos implicados por su responsabilidad civil a título lucrativo, rebajando también las cuantías de las fianzas impuestas por el Juzgado de lo Mercantil. Al exdirector general de Caja Segovia, Miguel Ángel Sánchez Plaza se le reduce de 3,91 millones de euros a 1,61 millones. El exdirector de Riesgos, Oscar Javier Varas, pasa de 2,48 millones a casi 738.000 euros.
Las reducciones de las fianzas también son significativas para los otros tres acusados, con peticiones muy por debajo del medio millón de euro: a Juan Baustista Magaña, 302.000 euros; a Juan Antonio Folgado, 290.000, y a Malaquías del Pozo, 107.000 euros.
Los magistrados de la Audiencia de Segovia rechazaron otro de los puntos requeridos por los acusados a titulo lucrativo que pedían la prescripción, porque no han transcurrido “aún los cinco años de prescripción fijados en la reforma actualmente vigente”. El auto, además desestimó la petición de “nulidad del auto” del Juzgado de lo Mercantil, que señaló la apertura de juicio oral, por falta “de motivación” frente a las pretensiones de los recursos presentados por los acusados por un delito de administración desleal.
La Audiencia Provincial no quiso entrar a valorar la posición procesal de las partes, “ni en la discusión sobre si el sistema de prejubilaciones” supuso a la Fundación Caja Segovia, “quebranto económico alguno”. En el documento, los magistrados dejaron claro que las alegaciones dirigidas a determinar la ausencia de perjuicios para la fundación “quedarán extramuros de este recurso”, y será en el acto del juicio oral donde se resolverán, “sin que ahora se prejuzgue absolutamente nada al respecto”.