El Consejo Sectorial de Salud y Prevención de Adicciones analizó el pasado 17 de diciembre el programa de acciones que tiene previsto desarrollar a lo largo del próximo 2019. Actuaciones que ya habían sido debatidas y consensuadas en anteriores reuniones por los integrantes de este órgano municipal formado por representantes de los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos, Centrados e IU), de otras instituciones locales (Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno...) y de asociaciones. Todos ellos están repartidos en grupos de trabajo que han dado como resultado iniciativas que ya han sido puestas en marcha durante el año que está a punto de concluir y otras que se esperan ejecutar a lo largo de los próximos meses.

Entre estas últimas figura una que supondría recuperar una norma que fue suprimida en Segovia en 2012. Se trata de la exigencia de que exista una distancia mínima de 25 metros entre los establecimientos dedicados a la venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas. Es decir, bares, restaurantes y discotecas. En su programa de acciones para 2019, el Consejo de Salud incluye –en el apartado de ‘Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol y del Consumo de Tabaco’– un epígrafe que especifica como uno de los objetivos «instar a los grupos políticos municipales a promover una moción conjunta dirigida a restablecer la distancia mínima de 25 metros para la obtención de licencias para la venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas».

El concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, ha presidido las reuniones en las que se ha dado luz verde a esta propuesta, a la que tampoco se han opuesto inicialmente los representantes en el Consejo de PP, Ciudadanos, Centrados e IU. «La creemos oportuna para prevenir el consumo de alcohol y la protección de la salud y para que no proliferen los establecimientos hosteleros en determinadas zonas que ya están saturadas. En otras ciudades ya existe. Pero queremos ir de la mano del resto de grupos políticos», ha remarcado Torquemada a El Día de Segovia.

RESTRICTIVOS. El 30 de julio de 2012, el Gobierno municipal del PSOE que entonces lideraba Pedro Arahuetes logró un acuerdo de pleno para suprimir de la Ordenanza de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas la obligación de que existiera una distancia de 25 metros en establecimientos que venden alcohol. Lo hizo con los votos en contra de la oposición (PP e IU) y con la justificación de que la Junta de Castilla y León había eliminado de la normativa las restricciones en este sentido. «El Ayuntamiento no va a ser más restrictivo de lo que establece la ley», destacó en aquel momento el ya entonces concejal de Servicios Sociales.

El PP criticó, por su parte, que la medida «potenciaba» el consumo de alcohol en la ciudad, afeó al equipo de Gobierno que utilizara «el escudo de la Junta para ceder a las presiones externas y actuar de espaldas a los ciudadanos» e hizo hincapié en que la decisión perjudicaba los objetivos de la ordenanza que iba a seguir en vigor. 

A la modificación se presentaron seis alegaciones (dos por parte de particulares y cuatro a través de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, Cáritas, Segovia Cívica y la Fundación Anar), pero fueron rechazadas en base a que «eliminar esta distancia mínima no implica que el Ayuntamiento se vaya a desentender de la problemática que supone el ruido cuando existen concentraciones de este tipo de establecimientos», según indicó Torquemada. En aquel pleno, recalcó que en virtud de la Ley del Ruido, podrían declarar ‘zonas acústicamente saturadas’ y denegar en estos espacios las licencias para la apertura de nuevos negocios.

El barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra –el de la Plaza de Toros– tiene en la actualidad el mayor margen de crecimiento desde el punto de vista comercial. Todavía la mayoría de sus locales están vacíos y su segmento de actividad se encuentra sin definir en muchos casos. Para el concejal de IU, Ángel Galindo, la recuperación de la distancia mínima de 25 metros entre bares y restaurantes «puede ser positiva» para que en los barrios nuevos «haya diversidad de comercios y no se produzcan concentraciones de bares que luego pueden afectar a la convivencia». «El objetivo, cuando se modificó esta norma, era revitalizar la economía y se ha mostrado ineficaz, porque no han abierto más bares. Mientras, si se vuelve a establecer puede ayudar en la labor de prevención de la salud, ya que la concentración de locales incita al consumo de alcohol, y además favorecerá la convivencia vecinal», argumenta el edil de IU.

La concejala del PP Rosa Redondo, por su parte, pide «consenso» para poner en marcha esta estrategia. «Habría que tener en cuenta a los vecinos y a los hosteleros. Tampoco sé si sería una medida eficaz porque el acceso al alcohol es muy sencillo en los supermercados incluso para los menores», asevera. Partidaria de seguir las directrices marcadas por el Plan Regional de Drogas, pone el acento también en la importancia de aumentar la inversión en programas de educación y concienciación así como en alternativas de ocio saludables.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, coincide en que «una sola medida no es suficiente para combatir el consumo de alcohol, que es algo que nos preocupa a todos». En su opinión, el Consejo Sectorial de Salud y Prevención de Adicciones «debe continuar trabajando para presentar nuevas propuestas y, antes de volver a imponer la distancia mínima entre establecimientos, hay que hacer un estudio y una comparativa y ver si en estos años desde que se suprimió han aumentado de manera significativa», indica.

En esta estrategia para la prevención del consumo de alcohol y de tabaco, el Consejo de Salud también propone que se vinculen los permisos asociados a la celebración de actos festivos el compromiso de promocionar la campaña ‘Todos sumamos’, que tiene como objetivo «cero alcohol entre menores». También defiende que se establezca un marchamo de calidad para aquellos establecimientos que se comprometan y realicen los cursos de dispensación responsable. Al igual que Ciudadanos, el portavoz de Centrados, Cosme Aranguren, solicita la elaboración de un estudio «que permita comprobar si ha aumentado el consumo desde 2012 para no hablar por hablar». «Si es así, habrá que dar traslado a las instituciones responsables», concluye Aranguren.