El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, declaró que el Gobierno autonómico ha asumido la representación de los sectores económicos ante el Gobierno central y Bruselas, que se tradujo en la puesta en marcha de actuaciones de naturaleza diversa, como la presentación de común acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias, un documento consensuado frente al Ministerio para que haya cambios en las políticas en materia socioeconómica y medioambiental que se están imponiendo a los agricultores y ganaderos.
Asimismo, en el marco de la celebración de la Asamblea General de Empresa Familiar de Castilla y León celebrada hoy en Segovia reivindicó algunas actuaciones llevadas a cabo desde la Junta de Castilla y León como son la reducción de las trabas burocráticas, una "necesidad primordial que traslada el tejido empresarial de manera unánime y que nosotros asumimos el reto". Además, aseguró que, ante la asamblea de socios del pasado ejercicio, asumió un reto personal cuando recibieron el informe elaborado por Deloite con 48 propuestas de simplificación administrativa. En este sentido, hizo referencia a la empresa familiar, como una entidad que tiene unos bienes singulares que le hace distinta a las demás. "Son empresas que tienen dueño", un dueño reconocible, con compromiso con el territorio "algo que le da un valor fundamental con el que se hereda una ética del trabajo diferenciada.
En relación con el sector empresarial, el vicepresidente también señaló que desde la Junta se ha ejercido la representación "con cierto éxito" del sector del automóvil en Bruselas "para suavizar la normativa que se quería imponer a una industria con peso específico en nuestra Comunidad". Aseguró, entonces, que han conseguido la ralentización de la aplicación de la normativa Euro 7 que afectaba también a los motores, sistemas de freno y neumáticos. Además, en cuanto a los sectores económicos, como es el sector lácteo, desde la Consejería de Agricultura "hemos asumido la negociación con las grandes superficies para exigir que a los productores de leche se les pagara un precio ajustado a los costes que tienen que incurrir para producir".
En los "momentos difíciles" actuales declaró que "quienes estamos en una posición de responsabilidad públicas tenemos el deber de denunciar la deriva totalitaria y el proceso de descomposición del Estado de Derecho", que se está produciendo por un proceso paulatino "de deterioro y desprestigio de las instituciones públicas, independientes y libres". En este sentido y, dirigiéndose al eurodiputado y ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo le pidió "repensar hacia donde tiene que ir Europa" y aseguró que "todos estamos a favor del avance hacia la sostenibilidad medioambiental" pero que si esta no va de la mano con la económica "nos estaremos suicidando como región, país y continente".