El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladó ayer al comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, que en el noroeste de España se está viviendo una situación de conflicto «como nunca» entre la proliferación de ejemplares de lobo y la ganadería extensiva,  por lo que pidió a la UE que «investigue directamente» la situación de este carnívoro en el territorio, ya que se encuentra en «expansión constante», subrayó.

Suárez-Quiñones, junto con los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria y Galicia- denunció ante el Ejecutivo Comunitario que los datos sobre los que parte la orden ministerial española están «equivocados». «El Gobierno ha dicho a Europa que el lobo está en regresión, pero esto no es cierto, está en expansión constante», aseguró el consejero.

Asimismo, Quiñones constató que la Comisión tiene dudas sobre esos datos, por los que comunidades afectadas se han ofrecido a Bruselas para que los «audite» e «investigue directamente» sus territorios. Además, «de forma inmediata» las comunidades van a aportar su versión de los datos, porque «así nos lo ha permitido».

El consejero afirmó que Moncloa «parece que quiere solucionar el conflicto acabando con la ganadería extensiva y estabulando al ganado», por lo que reivindicó al sector como «el garante de la población en el medio rural». También apuntó que el lobo puede sufrir una «regresión porque se producen conductas en las que se ataca a la especie estrictamente protegida para salvar a la ganadería».

Tras criticar que el Gobierno eliminara las competencias autonómicas para gestionar el control del lobo, reivindicó una gestión «responsable, controlada y técnica».

La titular gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseguró que los cuatro consejeros que se desplazaron a Bruselas están de acuerdo en que el lobo deje de ser una especie en extinción.

El consejero cántabro, Juan Guillermo Blanco, criticó sobre todo que desde que las comunidades perdieron las competencias sobre el control del lobo «se perdió la paz social» entre estos mamíferos y el sector ganadero.

Orden recurrida.

El origen de esta polémica se remonta a septiembre de 2021, cuando entró en vigor la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que todas las poblaciones de lobo ibérico al norte del río Duero se incluían en la Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta decisión, adoptada unilateralmente por el Gobierno, en contra de las comunidades que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España, supuso la práctica prohibición de cualquier medida de gestión de la especie debido a su nuevo nivel de protección.

Finalmente, tras el encuentro con el comisario europeo, Suárez-Quiñones y sus homólogos se reunieron con representantes del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas, que integra a las asociaciones agrarias y de cooperativas en la UE, para exponer la problemática del lobo en las cuatro comunidades españolas.