Con la nueva crisis económica en plena ebullición por el agravamiento de la escalada de precios, la enorme brecha abierta entre los ingresos y el coste de la vida (léase inflación o IPC) no deja de crecer. Aumenta la sangría de poder adquisitivo de los empleados, pero también la de los márgenes industriales y comerciales de las empresas, complicando un pulso entre sindicatos y patronales que amenaza con prolongarse todo el año en cada mesa de negociación, por más que quepa la posibilidad de que cierren pronto un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el periodo 2022-2024 que ya va tarde, con casi cuatro meses de demora y subiendo.
Por de pronto, Segovia, sin ese acuerdo nacional como torniquete de referencia, ha saldado el primer trimestre del ejercicio con una subida media del 2,32% en las nóminas de los empleados amparados por los convenios provinciales con efectos económicos pactados para 2022, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cierto que se mejora un poco la subida de 2021 (2,13%), pero entonces estaba claramente por encima de la media nacional, que se quedó en un escaso 1,47%, y esta última ya ha escalado al 2,36% entre enero y marzo.
Segovia cerró además 2021 con una inflación anual del 7,3% (frente a una media nacional del 6,5%), más del triple de la subida salarial media, y ahora esa inflación se ha disparado hasta el 10,9% en la provincia (9,8% en el conjunto del país), por lo que ya es cinco veces superior.
Resumiendo las grandes cifras, por tanto, Segovia ve cómo los salarios de sus empleados crecen menos que la media nacional a pesar de que los precios crecen más, y todo en un año especialmente intenso para la negociación colectiva en la provincia por la cantidad de trabajadores cuyas condiciones laborales dependen de los convenios que se negocian justo en estos meses. Tal y como resume el secretario provincial de CCOO, Álex Blázquez, destaca el del sector de la hostelería, que empezó a revisarse en enero y ampara a casi 6.000 personas; el del campo (agropecuario), que se espera revisar próximamente y lleva cuatro años «congelado»; así como los de limpieza de edificios, construcción o, respecto a convenios de empresa, el de los autobuses urbanos de Segovia.
PROBLEMAS EN EL SECTOR DEL METAL. No obstante, si hay un conflicto especialmente significativo que se está gestando desde hace sólo unas semanas a nivel de negociación colectiva es el del metal, a pesar de que en este sector ya se firmó un convenio para el periodo 2021-2023 a mediados del año pasado. Es uno de los más importantes de la provincia, ya que ampara a casi 2.400 empleados, según CCOO, y empresarios y sindicatos pactaron en su momento subidas moderadas (del 1% para 2021, del 1,25% para 2022 y del 2% para 2023), pero con compromiso de aplicar la diferencia que hubiera con el IPC real de cada ejercicio si éste era más alto; y vaya si lo está siendo.
Precisamente el 18 de marzo se oficializaba por ello (con su publicación en boletín oficial) la revisión salarial del metal para 2022 con una subida del 6,75%, muy por encima de la ya citada media del primer trimestre en la provincia (2,32%), al haber tomado tal referencia del IPC. Las empresas afectadas lo han tenido que asumir porque ellas mismas se comprometieron legalmente con la firma del convenio, pero sus previsiones se han reventado a las primeras de cambio porque nadie esperaba una inflación tan disparada, y ya el 13 de abril se reunieron con CCOO y UGT a través de su patronal de sector, la Agrupación Metalúrgica Empresarial Segoviana (AMES).
«Les convocamos para preguntarles qué podíamos hacer de cara a 2023», confirma a El Día el empresario Guillermo Pérez San Miguel, de Electricidad Eufón, en representación del lado patronal de la negociación, desde el que se alega que el IPC se ha incrementado de tal manera que «no es del todo real». «La subida de precios en las estanterías de los supermercados es muy inferior y la diferencia está sobre todo en el tema energético», argumenta Pérez.
Si el IPC anual cerrara 2022 tal y como está ahora, entre el 10 y el 11%, el convenio vigente del metal comprometería a las empresas de este sector a aplicar la subida que tenían prevista del 2% multiplicada por cinco, un escenario que AMES no ve viable. «Si un taller con seis empleados se plantea hacer una contratación más, se va a encontrar con que ese margen se lo lleva esa subida de salarios, con lo cual ya no es que estemos hablando de despidos, sino de fomentar la contratación, pero los sindicatos se cerraron en banda en aquella reunión», relata Pérez.
Los sindicatos defienden que el convenio «es ley», aunque han aceptado volver a verse en septiembre para analizar la situación con la referencia de un IPC que entonces, ya esté más alto o más bajo que ahora, se acercará más al que pueda haber al acabar el ejercicio. Será en esas fechas cuando acepten hablar de la situación concreta de cada empresa ante la posibilidad de que aleguen pérdidas para descolgarse de la aplicación de las condiciones fijadas por convenio para la subida de 2023.
«Nos parece prematuro querer modificar ahora cualquier articulado de un convenio que está escrito y con las tablas ya reguladas y establecidas para todo este año», argumenta el secretario provincial de CCOO. «En todo caso, nos parece más razonable esperar a septiembre en lugar de pactar en abril de cara a enero de 2023 para ver mejor cómo puede acabar el año la inflación», incide.
«La vida está subiendo para todos, los trabajadores también tienen muchas necesidades y nosotros no nos vamos a cerrar en banda», continúa Blázquez. «Escucharemos ofertas, pero no vemos como una prioridad ahora mismo el convenio del metal y la subida de 2023, así que no vamos a generar un problema donde no lo tenemos a día de hoy, cuando hay meses por delante para trabajar con calma», concluye.
Entretanto, AMES cuenta con remitir a todas sus empresas asociadas «la información necesaria para que sepan los pasos que deben dar si tienen que descolgarse del convenio», avisa Pérez, quien teme «una gran desinversión después del verano», en su sector y prácticamente en todos, lo cual supondría «un golpe muy duro» para el empleo.
Ya para septiembre se presume que llevará meses vigente el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) del periodo 2022-2024, hoy aún abierto. La última propuesta de CEOE pasa por asumir un alza salarial del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024; y los sindicatos se muestran receptivos, pero la patronal rechaza incluir cláusula de revisión salarial por el IPC, que es lo que impide cerrar el acuerdo.
«En la revisión salarial está el quid de la cuestión», confirma el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES) y miembro de la directiva de CEOE, Andrés Ortega. «Estamos hablando de una subida del 8% en tres años, que está muy bien teniendo en cuenta el panorama en el que estamos», afirma. ¿Aceptaría entonces la patronal provincial las cifras que se barajan en el marco de la negociación colectiva nacional? «Vamos a esperar primero a ver cómo se concreta todo y después emitiremos nuestra valoración definitiva», responde.
OTROS CONVENIOS. En paralelo, mientras tanto, prosiguen las negociaciones de convenios provinciales, y el de hostelería podría cerrarse pronto. «Lo tenemos prácticamente cerrado a falta de flecos y esperamos firmarlo en pocas semanas, antes de junio», avanza a El Día el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Jesús Castellanos, que lleva la voz por la parte patronal en esta mesa de negociación que se puso en marcha en enero. «Creo que todos hemos entendido hasta dónde podíamos llegar y las reuniones las terminamos hace un mes, aunque seguimos en contacto para rematar algunas cuestiones». La salarial, especialmente sensible en estos tiempos, ya estaría perfilada, y aunque Castellanos declina detallarla, admite que estaría «en el entorno» de los porcentajes que se barajan en el marco del citado acuerdo nacional de negociación colectiva.
«Las sensaciones son buenas con el convenio de hostelería», coincide en apuntar el secretario provincial de CCOO, que también declina entrar en detalles sobre la revisión salarial prevista en este sector para no enturbiar el final de esta negociación. Sin embargo, «la inflación está sobre la mesa de forma permanente en todas las negociaciones», y Blázquez no es tan optimista con la revisión de otros convenios en ciernes. «El de limpieza de edificios está condenado a la guerra porque la patronal está planteando subidas sonrojantes, cuando estamos hablando de sueldos muy precarios por empleos esenciales, tal y como hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, con la limpieza de residencias», señala. Además, recuerda que los salarios de este sector y de otros como el agropecuario o el de panaderías estaban muy bajos, «de ahí lo importante que ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional», que ha provocado actualizaciones al alza en esas actividades, entre otras. Y en paralelo, una inflación que todas las partes desearían ver menos desbocada para facilitar acuerdos que moderen la sangría de poder adquisitivo y de márgenes industriales o comerciales que están sufriendo empleados y empresas.