Un año se cumplía este pasado miércoles de la colisión múltiple del autobús urbano que se precipitó calle abajo sin nadie al volante, con el motor apagado pero sin frenos durante más de 60 metros en diagonal por Vía Roma, y el proceso judicial sigue abierto. A medio camino entre la tragedia y el milagro, provocó seis heridos y ningún muerto, aparte de daños en ocho coches, las dos farolas que se llevó por delante, una señal… También generó un agrio debate político, en plena polémica por el mal estado que entonces presentaba la flota (aunque este vehículo fuera de los más nuevos), y un enfrentamiento no menos aparatoso con la conductora de aquel urbano por las presuntas irregularidades que aireó después de verse señalada desde el primer día. Pero de las ruidosas primeras semanas de cruces de declaraciones se ha pasado a un silencio general de todas las partes que todavía persiste, a la espera de que hable el juez que lleva el caso.

Nadie se ha vuelto a pronunciar públicamente tras el revuelo inicial. Ni el Ayuntamiento, ni la empresa concesionaria (del GrupoAvanza), ni la conductora, ni el comité de empresa, que en un principio advirtió de posibles fallos en el sistema de seguridad… De puertas adentro, en el curso de la investigación judicial, tanto el Ayuntamiento como la compañía han mantenido en el juzgado sus versiones de que la colisión se debió a un error de la conductora, quien, por un lado, llegó a reconocer que no puso el freno de mano; aunque, por otro, insistió en irregularidades de la empresa y el Ayuntamiento por el estado del vehículo, que habría reflejado en su panel de control diversos fallos mecánicos durante la jornada, y por lagunas en la custodia de éste tras el accidente, al asegurar que permaneció casi dos días sin precintar. Además, sostiene que se limitó a seguir las indicaciones que le daba el mecánico por una de las posibles averías.

Sucedió a las 19.23 horas del 14 de agosto de 2018 en la parada de Vía Roma más próxima a la plaza de la Artillería, sentido San Lorenzo. Era un autobús de la línea 2 y la conductora, contratada como refuerzo para cubrir vacaciones de verano, había advertido una posible avería al encenderse un testigo en el panel de control. Llamó al servicio mecánico, que le indicó que bajara para desconectar la batería y resetear de esta manera el ordenador de abordo. El freno eléctrico de parada también quedó desactivado en ese momento y el autobús, que no tenía el freno de mano echado ni las ruedas delanteras orientadas al bordillo, se precipitó en diagonal y sin control. Arrolló a siete coches que estaban aparcados en el sentido contrario y chocó contra un octavo que estaba en marcha. Cinco peatones resultaron heridos a causa del impacto con los vehículos, y también la propia conductora, que se jugó la vida al intentar subir dos veces al autobús y terminó tirada en el suelo, a punto de ser atropellada por un coche que venía de frente. La parte de la versión aceptada por todos acaba ahí, y el resto ha quedado pendiente de la investigación que recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5.

Incógnitas del choque de un bus de Vía Roma, un año despuésdiligencias previas. Fuentes oficiales del TSJ de Castilla y León ya informaron a El Día en mayo que la instrucción judicial estaba «prácticamente acabada», pero todavía «pendiente del alta de una de las lesionadas», por lo que el tema de las indemnizaciones no se ha cerrado. Una turista murciana sufrió una fractura de tobillo y, de los otros cinco heridos, también destacó una persona mayor que se vio atrapada entre vehículos por la colisión en cadena y una menor.

El Día contactaba este lunes con la conductora y su pareja, que en su momento se erigió en su portavoz, pero ambos declinaron hacer declaraciones.Tampoco se pronuncian el equipo de Gobierno, por considerar que debe ser el juzgado quien lo haga, ni la concesionaria, que sigue siendo Avanza, aunque ahora a través de la sociedad Corporación Española de Transporte, en lugar de Urbanos de Segovia. No faltaron sin embargo las reacciones nada más producirse el accidente, hasta el punto de que el Ayuntamiento, a través de su cuenta de Facebook, publicó esa misma noche, apenas tres horas después, que el autobús no tenía «ningún problema mecánico». Tampoco estuvo lenta precisamente la oposición: Ciudadanos emitió un comunicado al día siguiente en el que describía este accidente como una «consecuencia» de «manipular el concurso de los autobuses» para que los nuevos llegaran poco antes de elecciones; y Centrados, otro en el que citaba el «lamentable estado» de la flota.

Efectivamente, los casi tres años que se retrasó el proceso de adjudicación de la nueva contrata provocó que 16 de los 27 autobuses de la flota acabaran muy deteriorados, algunos con un millón de kilómetros o más, y que los nuevos no se estrenaran hasta el pasado mes de abril, menos de dos meses antes de elecciones. Pero coincide que el autobús siniestrado no era de los viejos. Entró en servicio en 2014, así que en principio le queda vida hasta 2024, y la empresa alegó que había pasado revisión sólo una semana antes. «Con los datos que tenemos en este momento, podemos decir de manera contundente que el accidente no se ha debido a ningún fallo mecánico», aseguró la alcaldesa, Clara Luquero, en la rueda de prensa que ofreció dos días después del accidente. «La investigación va a continuar para esclarecer más detalles, pero todo apunta que pudo tratarse de un error humano»; y acabó rematando con que «en el abc de cualquier conductor está echar el freno de mano cuando baja del vehículo».

Incógnitas del choque de un bus de Vía Roma, un año despuésDespués de esa rueda de prensa, el comité de empresa reconoció que la conductora pudo no echar el freno de mano, pero matizó que «algo más tuvo que fallar» para que el autobús pudiera circular con la puerta abierta, ya que se supone que contaba con un sistema de bloqueo en esas circunstancias. Los representantes de la plantilla advirtieron además de que «varios» urbanos tenían averiado el sistema que impide abrir la portezuela del compartimento del conductor si no está puesto el freno de mano, caso de los que entonces cubrían las líneas 11 y 12, que tiraban de cerrojos manuales por ello.

La propia conductora hizo declaraciones a este y otros medios en los días posteriores. Mostró un parte de incidencias que recogía tres averías supuestamente registradas esa jornada por el autobús siniestrado, según una primera anotación del conductor del turno de mañana y dos de la conductora que sufrió el accidente: 'Sale el autobús con las puertas abiertas (es peligroso)', 'fallo nivel líquido dirección muy bajo' y 'fallo luz roja: fallo regulador motor stop'.

Fuentes no oficiales, sin embargo, apuntan que la empresa y el Ayuntamiento han defendido en la fase de instrucción judicial que el autobús funcionaba bien, pero la conductora pudo abrir la portezuela de forma manual, con una llave, no con el botón, que es lo que habría activado el sistema de seguridad.

No obstante, la conductora también ha cuestionado el protocolo de actuación tras el accidente. El jefe de servicio (que cesó en la empresa apenas dos meses después) decidió conducir el autobús a cocheras, en vez de indicar que se remolcara por precaución, y a pesar de los problemas de visibilidad por tener la luna frontal rota. Asimismo, el vehículo no se precintó hasta casi dos días después, de ahí que la conductora vertiera sospechas sobre una posible manipulación de pruebas. 

Será el juez, en cualquier caso, quien acabe determinando responsabilidades de unos u otros si considera que las hubo, después de unas diligencias previas en las que ha recabado versiones de testigos, afectados, informe de la Policía Municipal, peritos… Aunque del ruido político en caliente se haya pasado a un año de frío silencio general.