La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, marcó hoy el objetivo de reducir a cien días la tramitación de los expedientes de atención a la dependencia por la que se asignan los recursos a sus usuarios para mantener el actual liderazgo otorgado por el Observatorio a la Comunidad en la aplicación de la ley de la dependencia.

Isabel Blanco, junto a la candidata del PP al Ayuntamiento de Burgos, Cristina Ayala, mantuvo una charla-coloquio bajo el título 'Las personas como centro de los servicios sociales' con asociaciones del tercer sector no solo para facilitar información, sino para escuchar sus demandas.

En declaraciones previas a los medios, recogidas por Ical, la consejera recordó que el Observatorio de la Dependencia ha colocado a Castilla y León, con un 8,5, como la primera comunidad en la gestión de la dependencia, a una amplia la distancia con otras autonomías, sin lista de espera, con una plena atención y la que más empleo genera vinculados a estos servicios. 

Sin embargo, manifestó que el objetivo que se marca es reducir los plazos, aunque es la comunidad que resuelve más rápido los expedientes porque algunas tardan hasta dos años, hasta llegar a 100 días, sobre los 120 actuales, pero insistió en que ese plazo se tiene que reducir. 

Así, precisó que la primera valoración la realizan los ayuntamientos para lo que disponen de un plazo máximo de un mes, si bien abogó por reducir el periodo de la segunda evaluación, que realiza la Junta, en la que se asigna la prestación. 

En este punto, Ayala advirtió de que el Ayuntamiento de Burgos baja la nota por ser de los que más tarda en realizar la primera valoración y anunció que en su programa electoral habrá un eje para para mejorar y simplificar los plazos. "Hay que desterrar la cita previa. No puede ser que una persona vaya al Ayuntamiento y no se la atienda".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades defendió el trabajo junto con las asociaciones del tercer sector y las entidades locales y abogó por la innovación para mantener la posición de liderazgo de la Comunidad en materia de servicios sociales y atención a las personas más vulnerables.

También, se refirió a la teleasistencia avanzada y gratuita, cuyo contrato único por importe de 40 millones durante tres años se implanta, donde precisó que hay 42.000 usuarios y se pretende llegar a 50.000 en 2025, tanto a través de los sistemas tecnológicos como de la atención personalizada con un seguimiento proactivo.

En tal sentido, reseñó que no se trata de que el usuario dé un botón, sino de que el personal de servicios sociales les llame para evitar la soledad no deseada, casos de vulnerabilidad o incluso ayudar a pedir una cita médica.

Por último, la consejera reconoció que deben realizar un esfuerzo para que los programas en red, como 'A gusto en casa' o 'Intecum', sean más conocidos por los usuarios en relación a los servicios a los que pueden optar.