También defienden que la alianza alcanzada entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias "no responde a las necesidades y peticiones de las entidades, excluye a más de 3.000 de ellas y al mundo rural que han cerrado 2019 con deuda o no han tenido remanente de tesorería positivo y destruye la autonomía local reconocida en la Constitución.
Para el PP de Segovia, el Gobierno ofrece un acuerdo por el que habilita un fondo de 5.000 millones de euros, a ingresar a las entidades locales entre 2020 y 2021, totalmente condicionado puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes a 31 de diciembre de 2019 durante 12 años, desde 2020 a 2032.
Además, remarcan que esta propuesta no tiene el aval de la FEMP, "ya que salió adelante con los 12 votos a favor de alcaldes socialistas, frente a los 12 en contra de PP, C´s y Junts por el Cat, y la abstención de IU-Podemos". "Pero el presidente del organismo, el socialista Abel Caballero, utilizó su voto de calidad. Con esta votación y el empeño del Gobierno de realizarla a toda costa se rompe, por primera vez, el consenso existente en la institución que representa al mundo local (más de 8.000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells insulares, ...). El PSOE entiende que las instituciones están a su servicio y no al servicio de los españoles y las coloniza y desprestigia”, abundan.
"Este acuerdo implica que las entidades no podrán gastar este año su remanente puesto que estará en manos del Gobierno que empezará a devolverlo a partir del año 2022. También excluye a 3.508 entidades locales que, según datos del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2019, tienen deuda y a todas aquellas que tengan unos remanentes de tesorería en negativo.
En opinión de la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, además, el acuerdo excluye al mundo rural y vulnera la autonomía local consagrada en el artículo 137 de la Constitución puesto que obliga a las entidades locales a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el Gobierno. Es decir, que les obliga a usar el dinero de sus vecinos para implantar la agenda política del Gobierno y no les permite aplicarlo a las actuaciones que consideran más necesarias para los vecinos”.