Castilla y León y Comunidad de Madrid 1-Gobierno de España 0. Pero aún no ha terminado la partida de ajedrez que disputan en la estación de esquí de Navacerrada. La alianza Alfonso Fernández Mañueco-Isabel Díaz Ayuso marcha por delante gracias al auto dictado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El alto tribunal autonómico ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de evitar la reapertura de la estación de Navacerrada. Si la meteorología lo permite, los remontes se volverán a poner en marcha los próximos días, según ha confirmado la empresa concesionaria, Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, lo que no permite descartar que se vuelvan a detener. La pelota continúa en juego.

En el auto dictado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal autonómico subrayó que «no existe urgencia» para adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Estado porque «el aprovechamiento del monte se viene realizando durante los últimos 25 años en base a la concesión efectuada por el presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales en fecha 29 de febrero de 1996». «La protección cautelar de los fines cuya protección se interesa quedará, en su caso, garantizada de forma superior a través de la tramitación ordinaria del incidente de medidas cautelares [...]», añadió en medio de un nuevo capítulo de las guerras entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, a las que ahora se ha sumado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este último ha decidido elevarse como «escudo» contra la decisión del Estado –anunciada en marzo– de desmantelar las pistas aprovechando el fin de la concesión administrativa para su explotación vigente hasta ahora. Fernández Mañueco aseguró este lunes que la temporada podría iniciarse. «No hay razones jurídicas ni políticas para declarar su cierre», señaló avalando de facto los argumentos de la empresa de que la concesión debe prorrogarse dos años más debido a la paralización de la actividad provocada en las temporadas de 2020 y 2021 por la pandemia. «Está contemplado en el contrato por ser una causa de fuerza mayor», ha remarcado José Conesa, portavoz y accionista de la compañía Puerto de Navacerrada Estación de Esquí.

La respuesta del Ministerio al presidente de la Junta no se hizo esperar. Tan solo unas horas después el departamento que dirige Teresa Ribera anunció la presentación a través de la Abogacía del Estado de un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelarísimas contra la reapertura de la estación. Además, acusó a Fernández Mañueco de «confundir deliberadamente el reparto de competencias». «Es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública 'Pinar de Valsaín. Lo que en ningún caso compete a la Junta es decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)», aseveró el Ministerio a través de una nota de prensa a la que tampoco perdió la oportunidad de responder Fernández Mañueco. «Es sorprendente la reacción de Sánchez. Desde el punto de vista político es desproporcionada y fuera de tono. No actúa igual con los nacionalistas», destacó el presidente de la Junta.

Hasta que se pronunció este jueves el TSJ, la batalla política se había impuesto al trasfondo de la discusión: el debate entre el supuesto impacto de la estación de Navacerrada sobre los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama y la supuesta importancia de conservar una instalación con más de un siglo de existencia y cuna de campeones de esquí.