Ni es la primera, ni puede que sea la última. El encuentro del martes 23 de noviembre en Santiago de Compostela aunará bajo el mismo paraguas a presidentes de ocho comunidades autónomas no es el primero que se celebra en este sentido y con estas comunidades implicadas. Ya en 2018, cuando España transitaba entre la crisis del ladrillo y la pandemia, con el ruido del secesionismo catalán de fondo, los gobiernos de Castilla y León, Aragón, La Rioja, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha comenzaron a tejer una red de alianzas comunes y sin colores políticos con la reclamación de un nuevo modelo de financiación que atienda las necesidades de las zonas despobladas por bandera. Sendas reuniones en León y Zaragoza culminaron con una declaración conjunta desde la capital maña pidiendo al recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez que abordase de forma «prioritaria y urgente» la reforma de la financiación autonómica con un carácter «multilateral». Ya por aquel entonces, sin que la covid-19 irrumpiera en nuestras vidas, los seis presidentes exigían soluciones al problema demográfico que padecen con una financiación que cubra servicios como la sanidad y la dependencia cruciales para atender a una población envejecida en auge con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. Un discurso que bien podrían suscribir el próximo martes.
La foto de familia de aquel cónclave tendrá algunos cambios respecto a la que se realizará en Santiago, de los seis presidentes firmantes en 2018, la mitad no repiten: Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Javier Fernández (Asturias) y José Ignacio Ceniceros (La Rioja), dejarán paso a las firmas de Alfonso Fernández Mañueco, Adrián Barbón y Concha Andreu respectivamente. Javier Lambán, Emiliano García-Page y Alberto Núñez Feijóo repetirán, a los que se le sumarán Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura).
Un pacto de Comunidad que suena muy lejano
La reforma del modelo de financiación autonómica lleva siendo un tema capital en Castilla y León desde antes incluso de que caducara en 2014. Y, al igual que en el cónclave del martes en Santiago, los colores políticos quedan al margen. Al menos así fue en 2016 cuando la Junta, comandada entonces por Juan Vicente Herrera, cerró un Pacto de Comunidad con los portavoces del resto de grupos parlamentarios: Luis Tudanca (Socialista), Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudadanos). Aquella instantánea ponía sobre la mesa la unidad institucional y política existente en Castilla y León a la hora de reclamar al Gobierno central la mejora del reparto de fondos para la prestación de servicios. De aquella firma, solo el expresidente está fuera, aunque la realidad política actual parece haber enterrado las pretensiones y unidad de aquel acuerdo.
No obstante, recientemente el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, uno de los firmantes, advirtió de que su partido no se a «mover un ápice» de aquel acuerdo y confió en que Alfonso Fernández Mañueco lo cumpla cuando se inicie la negociación para revisar el sistema. El documento de 2016 establecía la exigencia de una financiación suficiente, con una asignación para prestar los servicios que gestiona con calidad, y dinámica o revisable conforme a las circunstancias, siempre acorde con su perfil demográfico de superficie, dispersión, o envejecimiento de la Comunidad y con una evaluación diferenciada de la Ley de la Dependencia y del gasto sanitario. De nuevo, un mensaje que podría suscribirse hoy mismo sin que perdiera vigencia, aunque poco o nada tienen que ver las circunstancias actuales con las de aquel 2016, pero la demanda se mantiene intacta, a la espera de que esta ocasión sea la buena y la reforma del modelo llegue a buen puerto.
«Esta vez debe ser la definitiva, porque con el paso del tiempo las deficiencias del modelo se van agudizando», asegura el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.