El senador del PP por Segovia Juan José Sanz Vitoria ha pedido hoy ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la sesión plenaria del Senado, que “si le queda un mínimo de dignidad política y personal le invito a dimitir, porque es lo que procede en estos momentos”. Ha pronunciado estas palabras durante una pregunta a Illa sobre el momento en qué fue consciente de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, incluso el confinamiento, por los efectos de la Covid-19.

A lo largo de su intervención, el senador del PP por Segovia, ha recordado que el día 3 de marzo el ministro de Sanidad firmó y remitió un documento a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas; “un escrito de medidas extraordinarias en las que contemplaba, entre otras, la supresión de congresos, de seminarios e incluso los cursos de formación para sanitaros, con dos objetivos, que no se contagien e impedir que pusieran contagiar a los más vulnerables”. “Son medidas absolutamente extraordinarias, son medidas sin precedentes y porque era usted absolutamente consciente de la gravedad de la situación”, ha remarcado Sanz, tras lo cual ha afirmado que “lo peor en esos mismos momentos es que miembros de su Gobierno llamaban a acudir a manifestaciones masivas; ‘porque nos va la vida en ello’ –tal y como dijo Carmen Calvo-, o ‘al virus se le vence con más feminismo’ –tal y como dijo la ministra de Igualdad-’”.

Igualmente Sanz Vitorio ha recordado las palabras del propio Illa en las que aseguraba que, ‘tal vez fuimos arrogantes con el virus’. “Arrogantes, soberbios, incapaces, que les llevó a la negligencia, siendo suave, porque esa firma en ese documento del 3 de marzo se puede convertir en un incómodo testigo de cargo contra el ministro en un proceso judicial. Mi responsabilidad es exigirle, precisamente las responsabilidades que conlleva la mala gestión de esta pandemia y eso solamente se salda de una manera, dimitiendo”, ha apostillado el senador del PP, que además ha lamentado que casi un mes después de la supresión del estado de alarma “no existe un marco normativo que disipe la inseguridad jurídica en la que se encuentran las Comunidades Autónomas”.