El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de  Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor Acedo (Córdoba, 1965), habla en esta entrevista del proyecto de reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que plantea el Ministerio de Seguridad Social y asegura que «el autónomo siempre ha sido considerado ciudadano de segunda y un cajero automático, cuando hay problema de recaudación tradicionalmente se va a la clase media que es en la que se se sitúan los autónomos, la clase política no es consciente de ello».  

Usted plantea que la propuesta de reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del Ministerio de Seguridad Social es inasumible, ¿cuáles son los puntos que no comparten?

Ni la aceptamos nosotros ni la mayoría de los autónomos, como así lo han reflejado más de un centenar de organizaciones sectoriales, territoriales y profesionales. Es inaceptable tanto para los que ganan poco como para aquellos que tienen ingresos superiores porque está basada en una filosofía de que un autónomo debe cotizar como un asalariado, teniendo diferentes características, porque se la juega todos los días, asume la morosidad y el riesgo y ventura de las operaciones que hace. No puede ser que este sistema sea al final una subida encubierta del IRPF al estar basado en los rendimientos netos por los que ya paga habiendo autónomos que pueden reducirse gastos y a otros la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no se lo permite. O el Gobierno da un giro de 180 grados o hace una enmienda a la totalidad de la propuesta o ni CEOE, ni CEPyME ni ATA vamos a apoyarla.

¿Pero se les ha planteado una propuesta en firme o solo les han dado a conocer unas líneas generales, para sondear?

El Gobierno ha planteado un sistema de cotización de aquí a 2031, lo que le hemos pedido es que en la mesa esté sentada la AEAT, porque hay cosas que no nos cuadran, queremos que haya transparencia. 

¿Cómo afectaría la medida en un territorio como Castilla y León, con 189.435 autónomos, de los que 14.181 se encontraban en Segovia, en enero de 2022?.  

Con lo que tenemos encima de la mesa, la propuesta del Gobierno llevará a que la mitad pagarán un poco menos y la otra mitad pagarán mucho más y eso es lo que no nos cuadra. Queremos que el que tenga unos ingresos más bajos cotice menos pero que no se penalice a aquellos que un año puede tener unos ingresos más altos pero desconoce, si al siguiente ejercicio, va a tener o no morosidad. Partimos de la base de que la AEAT nos ratifica que ellos desconocen cuáles son los ingresos reales de los autónomos, solo  conoce la facturación y los gastos suceptibles de deducción. Aquí se parte de un error y eso puede provocar  que ser autónomo se convierta en un riesgo inasumible.

La filosofía del Pacto de Toledo era la cotización por ingresos, ¿esta propuesta la trasgrede en cierta manera?

En su recomendación, el Pacto de Toledo decía que los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales pero en ningún caso impone que tenga que haber un sistema obligatorio. En este momento, los mayores de 47 años, la mitad de los que hay en España (3.312.2349, puedan hacerlo pero es imposible porque tienen topada la base máxima en 2.000 euros. Llevamos reclamando desde 2008 que quien esté por debajo de la base mínima cotice menos, pero eso no significa establecer un sistema de tramos donde se penalice a los que facturen por encima de 1.200 euros.  

¿Cuáles son las alternativas que proponen?

Principalmente que se baje la cotización a aquellos que tienen menos ingresos y que se equipare la cotización mínima de los autónomos a la de los asalariados, lo que vemos justo. Eso significa subir prácticamente un 20% la cotización de todos los autónomos que están por encima del salario mínimo, en cinco años, no es lógico que si los autónomos y los asalariados tenemos el mismo derecho a la pensión mínima no tengamos la cotización mínima.

Ahora  hay una diferencia, el salario mínimo es de 1.125 euros en 12 pagas y, sin embargo, la cotización mínima de los autónomos es de 965 euros. Ahí nos van a encontrar, en que los autónomos se equiparen de forma progresiva su base mínima al salario mínimo, porque consideramos que es algo que es justo. Si tenemos derecho a la misma pensión mínima, pues es lógico que tengamos la misma cotización mínima. 

Hay grupos y sectores que no se pueden descontar gastos, ¿aquí se produce desequilibrio, dependiendo de en que epígrafes y en qué sector se trabaje?

Esto es algo que hemos puesto encima de la mesa y que la AEAT nos ratifica. No es una cotización sobre ingresos reales, es sobre lo facturado y los gastos que se pueden deducir. El problema es que hay autónomos que se pueden deducir los gastos de desplazamiento o de vehículo, por ejemplo, y a otros no se les permite. Esto puede generar una desigualdad hasta el punto de que haya unos que puedan deducirse la mitad de lo facturado en gastos, pero otros ni un 10% y eso va a generar que, trabajando las mismas horas, facturando lo mismo, unos paguen más que otros a la Seguridad Social. 

Eso ocurre ya en el IRPF, pero la cotización no es un impuesto. Claro que se producen desigualdades y también que va a generar economía irregular. Si no se establece un sistema justo puede que haya quien utilice subterfugios.  

Usted ha comentado en alguna ocasión que hay organizaciones de autónomos más próximas al Gobierno, ¿está politizada la representación del colectivo?, ¿dónde se encuadran?  

Creo que la politización la hace a quien le interesa hacerlo… Nosotros somos muy claros, lo mismo que hemos apoyado el acuerdo de reforma laboral porque creemos que bueno, estamos en contra de esta propuesta de cotizaciones porque nos parece mala para el país y para los autónomos. Esa es la independencia, distinguir lo que es bueno y  rechazar lo que es malo, también ahí se encuentra el sentido de Estado y el sentido de la responsabilidad. Los acuerdos que se han ido haciendo en las en las distintas prórrogas del cese actividad, en todas hemos tenido que poner algún pero. Ha habido otras organizaciones que han firmado lo que le han puesto por delante, cada uno sabe a quien representa. Le puedo decir que, en este momento, con ATA están más de 100 organizaciones profesionales sectoriales que desde luego han puesto el grito en el cielo cuando han conocido la propuesta, desde gestores administrativos, graduados sociales, economistas, farmacéuticos, periodistas, podólogos, psicólogos, médicos y ópticos, así como los sectores de hostelería, peluquería, estética, el campo o el comercio… 

Todas estas organizaciones se han manifestado diciendo no a un sistema que es injusto. No podemos salir de uno que está mal y meternos en otro que es más injusto todavía y, a partir de ahí, pues los demás tendrán que ver a quién representa o quién tienen detrás. ATA lleva 25 años, ha llegado a acuerdos con gobiernos de todos los signos, con las comunidades autónomas, pero también a desacuerdos, esa es la independencia política y la de las organizaciones, pero estamos muy acostumbrados en este país a que se te etiquete. Cuando das la razón al Gobierno central o de una autonomía, ya eres de ellos, cuando dices que no a lo que te proponen eres de la oposición. Es algo muy habitual en este país.

Independientemente de la votación en el Congreso de los Diputados sobre la reforma laboral, ¿cree que se debe respetar por los grupos en mayor medida el consenso entre patronal y sindicatos?

Respetamos las decisiones que toma cada partido político, no podía ser de otra forma. Los agentes sociales tienen una misión que es buscar un consenso, en base al diálogo, al que también se ha sumado el Gobierno, que es lo que se ha hecho con esta reforma laboral. Lo que nos presentaron a nosotros en en el mes de julio dijimos que  era retrógrado, intervencionista y marxista; eso sí era una auténtica derogación de la reforma laboral del año 2012. Durante nueve meses de negociación se ha llegado al final a un acuerdo muy equilibrado, como la votación, independientemente de la polémica que se ha generado estos días y tendremos que ver qué es lo que ocurre al final. Nuestra obligación constitucional es la de alcanzar acuerdos en base al diálogo social ante lo que nos plantea el gobernante, vamos a seguir haciéndolo con éste, con el que venga y con el resto de administraciones, es lo que nos corresponde, a los políticos les corresponde sumarse a los acuerdos, aprobar o derogar las normas, a partir de ahí nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que toman los partidos políticos, no podemos ser de otra forma.  ¿Aparte de la reforma que viene, en qué situación se encuentran los autónomos en España, en general, cuando vemos que, en un año, en España se han dado de baja 16.164, un 0,5%, el mismo porcentaje que en Castilla y León, con 1.033 menos, y  en Segovia, con 75 bajas?, ¿son tratados como ciudadanos de segunda? 

El autónomo siempre ha sido considerado ciudadano de segunda y un cajero automático, cuando hay problema de recaudación tradicionalmente se va a la clase media que es en la que se se sitúan los autónomos. A partir de ahí, nosotros estamos en estos momentos cicatrizando las heridas que ha dejado la crisis, pero está siendo muy lento porque, a una débil activación del consumo, se están añadiendo factores externos que retrasan la recuperación, como los precios de los carburantes y los energéticos, la falta de componentes, la inflación, la subida de costes laborales y, ahora, la de las cotizaciones. El problema es que esto [la recuperación] va a tardar en notarse en muchos autónomos, piense que, a la altura que estamos, dos de cada tres autónomos todavía no saben lo que es facturar lo que facturaban con anterioridad a la pandemia y tenemos que devolver los créditos ICO, a partir de pocas fechas... Yo creo que la clase política no es todavía consciente de la situación que están viviendo los autónomos y que tienen todavía encima.