La semana que hoy comienza marca el punto de partida de un curso político en el que, ya al final, se celebrarán elecciones municipales y autonómicas. Y es esa cita con las urnas, inevitablemente señalada en rojo en el calendario por parte de todos los partidos, la que va a marcar el devenir político de estos meses. Ante esa circunstancia es previsible que el tono del debate sea más bronco, hipótesis que se tardará poco tiempo en constatar y que, para perjuicio colectivo, abocará a una precampaña en la que el ruido impedirá un análisis meditado y sosegado sobre la labor que se ha realizado durante cuatro años en miles de corporaciones municipales de todo el país, merecedoras de una evaluación justa sobre su trabajo, bien en papeles de gobierno o de oposición. Como suele ser habitual, el debate nacional terminará contaminando ese necesario y riguroso examen ciudadano al avance y retroceso de pueblos y ciudades.

Los alcaldes del PSOE abren curso en franca desventaja. Todos ellos se van a someter a ese juicio ciudadano antes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvo que se produzca un adelanto electoral que la votación del decreto de las medidas de ahorro de la pasada semana en el Congreso evidenció que está lejos de tener lugar. Si esa mayoría de la investidura se mantiene, y todo apunta a que así será, los primeros socialistas que van a ser juzgados en las urnas serán los alcaldes y varios presidentes autonómicos. Todos ellos van a tener que realizar -sobre todo los primeros ediles- un esfuerzo extraordinario para que la bronca política a cuenta de la inflación, del precio de la electricidad y, previsiblemente, de un aumento del desempleo, no interfiera en la decisión de los electorales en clave localista.

El objetivo del Partido Popular es convertir a Alberto Núñez Feijóo en presidente del Gobierno en otoño del próximo año, pero tiene claro que las elecciones de mayo son determinantes para ese objetivo. Esta meta volante va a obligar al principal partido de la oposición a introducir en el debate político municipal y autonómico la política nacional, aunque poco tenga que ver con lo esencial de lo que se votará en mayo. Más aún cuando en buena parte de los ayuntamientos aún no tienen elegido a su cabeza de lista. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, explica hoy en las páginas de este diario que el PP quiere tener antes de final de año sus cabezas de cartel, un problema que el PSOE ya tiene resuelto porque sus principales alcaldes, los de municipios de más de 20.000 habitantes, tienen ganado estatutariamente el derecho a decidir si quieren presentarse a la reelección. El PP juega ahí en desventaja, pero el debate nacional se lo compensa, e incluso le pone por delante.