Los pormenores de la ‘Operación Judas” que ha acabado con siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) más activos en la cárcel por órden del juez Manuel García Castellón, se van conociendo poco a poco, entre autos, filtraciones y desmentidos, revelan un panorama de vuelta al desafío catalán en su máxima expresión con todas las instituciones del Estado.
A estas alturas parece cada vez más evidente que los detenidos, en connivencia con instituciones catalanas que han hecho un uso abusivo de su deber, como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) -el denominado “CNI catalán” -, habrían preparado la ocupación del Parlament, mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra no era ajeno a este proyecto. De confirmarse ese extremo la actuación preventiva de la Fiscalía ordenando a la Guardia Civil las detenciones practicadas estaría más que justificada, al haber desarticulado un plan violento con consecuencias imprevisibles desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de las respuestas políticas.
Es de esperar que al estar presuntamente implicados organismos dependientes de la Generalitat, todas las instituciones del Estado hayan aprendido algo de lo que sucedió en torno al 1-O, cuando se practicaron intervenciones policiales que daban la impresión que harían imposible la celebración del referéndum ilegal porque se habían incautado el grueso de papeletas y urnas, y ese día acabaron apareciendo por miles y los colegios permanecieron ocupados. Es decir, aunque se haya desmantelado la célula del Equipo de Respuesta Táctico al que pertenecían los detenidos es posible que haya otros grupos preparando el mismo tipo de acciones mediante el sabotaje o La violencia para cuando se conozca la sentencia del ‘procés’.
Lo que ha ocurrido en cualquier caso es que se ha desmantelado el factor sorpresa, que algunas de las acciones más espectaculares que tenían previsto ya no van a poder llevarlas a cabo, y que la revolución de las sonrisa con la que pretendían conquistar el reconocimiento del mundo occidental se ha terminado por desvelarse una farsa, porque su intención es declarar la república catalana, poniendo en práctica una táctica conocida en la relación entre los líderes de los partidos independentistas y “los chicos de la gasolina”, que unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces.
Mientras la tensión sube en Cataluña, los partidos nacionales también suben la apuesta y comienzan a marcar sus estrategias. La batería de medidas que podrían aplicarse que ha expuesto el presidente del PP, desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional a la Ley de Partidos, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución son un arsenal con el que pretende condicionar la acción del Gobierno ante los hechos conocidos. Pero se suceden después de que el día anterior el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde Barcelona prometiera actuar con “serena firmeza” si se volvía a producir una quiebra de la legalidad.
Ciudadano, parece haber despertado y asumido que fue el partido más votado y es el primer partido de la oposición en Cataluña y estudia la presentación de una moción de censura contra Quim Torra. Está condenada al fracaso, cierto, pero es un gesto simbólico que merece la pena acometer.