España sufre otro verano, quizá este aún más que los anteriores por la larga sequía y las intensas olas de calor, la arrasadora y hasta mortal plaga de los incendios. Estos días Galicia y la Comunidad Valenciana son las regiones más castigadas. Antes lo fueron Aragón, Extremadura y Castilla y León. Pero nadie se libra de la recurrente maldición estival de las llamas y la negra destrucción.
Más allá de reiterar la aseveración de que los incendios se apagan (o evitan, o controlan, o aminoran) en invierno, lo realmente importante es que esa verdad no se nos olvide en otoño y que todas las administraciones implicadas en la protección del medio ambiente se sienten a planificar y consensuar estrategias a medio y largo plazo. Y hay que partir de la base de que se necesita una notable inversión económica, pero por alta que sea seguro que será más baja que la factura que pasa a fin de año el fuego en personal, medios y daños materiales. Por supuesto, las vidas humanas, la fauna, la flora y el pánico causado a miles de ciudadanos no tienen precio.
Parece claro que se precisa contar con personal estable antiincendios durante todo el año, que se dedique cuando su presencia no sea necesaria en el 'frente' a su formación técnica, a la apertura y limpieza de cortafuegos, a estudiar los accesos a los bosques en caso de fuegos, al desbroce de los montes (antes parte de esta tarea la hacía la ganadería), etc.
Otra aportación necesaria en esta batalla periódica y eterna sería la concienciación social; y qué mejor lugar para iniciarla que los colegios. Aquí se podría colaborar con ingenieros forestales, biólogos, ecologistas y entidades que trabajan a diario en la defensa de la naturaleza. Si desde niños conocemos la oscura huella de imponen los incendios (casas arrasadas, animales quemados...) es más fácil que de mayores no tiremos colillas por la ventanilla del coche ni hagamos una barbacoa en medio de un matorral.
Los pueblos, sean grandes o pequeños, deben igualmente analizar su realidad vegetal, sus riesgos, el estado de sus caminos y el de sus bocas de riego y mangueras. Nunca se sabe cuándo las tendrán que emplear.
Los agricultores y maquinistas que realizan las tareas del campo tienen que ser muy conscientes de que su actividad, aunque de forma involuntaria, puede ocasionar una catástrofe. Por ello, instituciones y organizaciones agrarias deben también incidir en la atención que han de prestar a ello y de que han de cumplir con las restricciones que imponga la autoridad, que no son caprichosas.
Más dureza con las sanciones a los pirómanos y más colaboración entre provincias y comunidades autónomas, asimismo, ayudarían a reducir esta tragedia tan frecuente. Además, no hay que olvidar que la destrucción de masa forestal supone otro golpe a favor del cambio climático; es decir, en contra de todos nosotros.