«Ha supuesto un alivio». La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, Esther Santos, resumía el sentir del barrio tras la demolición de un edificio que se había convertido en un quebradero de cabeza desde 2016. En noviembre de ese año un grupo de jóvenes que decía estar formado por estudiantes, trabajadores y desempleados de entre 20 y 25 años lo ocupó y montó allí lo que bautizaron como el Centro Social Okupado Autogestionado La Tormenta. Un lugar, señalaban sin querer revelar su identidad, para celebrar actividades lúdicas y solidarias. «Pero siempre ha sido un foco de tensión», asegura Santos, que revela enfrentamientos y denuncias en este tiempo con los vecinos. 

Tampoco ha pasado un buen trago el propietario, un empresario local que ha preferido permanecer en la sombra hasta que por fin ha recuperado lo que era suyo. Al enterarse de que había sido ocupado hace cuatro años presentó una denuncia en la Comisaría, preocupado sobre todo por el riesgo que corrían quienes se encontraban dentro debido al estado de ruina del edificio. Sus prisas por desalojarlos no tenían un carácter urbanístico o especulativo porque el Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis) –entonces aún en tramitación– le impedían llevar a cabo la profunda rehabilitación que necesitaba.

Superada la novedad de los primeros días, ese Centro Social Okupado Autogestionado La Tormenta se convirtió en un elemento más del paisaje en Santa Eulalia, aunque no para los vecinos más próximos. «En octubre y noviembre se volvieron a poner en contacto con nosotros porque había malestar y preocupación. Para todos era un peligro. Era un edificio en el que las condiciones higiénicas dentro no eran las más normales para estar viviendo ahí. Posiblemente tuviera sus riesgos», apunta la presidenta de la asociación de vecinos, quien reconoce eso sí que la mayor parte de las denuncias por conflictos de convivencia se concentraron en los primeros meses: «Por parte de las autoridades se les dio alguna indicación y parece que se calmaron».

El edificio tras ser ocupado en noviembre de 2016. - Foto: Rosa Blanco

El constante trasiego de personas en el inmueble –que en realidad eran dos, situados en la confluencia de las calles Convento y María de Pablos– y las compras con las que entraban generaban desasosiego, pero no han trascendido operaciones policiales de relevancia por la comisión de delitos por estos okupas. Una vez que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio luz verde al propietario el pasado 9 de julio para demoler el edificio, ellos se marcharon y las máquinas han podido trabajar con normalidad. Comenzaron la semana pasada y estos días continuaban a buen ritmo.

Según ha podido saber esta redacción de fuentes de Urbanismo, la idea del dueño es construir 19 viviendas, aunque al ser consultado no ha querido confirmarlo. Molesto por haberse convertido en noticia, no entiende la relevancia del desenlace del Centro Social Okupado Autogestionado La Tormenta. Un experimento que ha durado cuatro años y que finaliza sin que sus promotores hayan desvelado si  consideran cumplido el objetivo que anunciaron al ocuparlo: «Dar vida a espacios muertos».