Promotores, constructores y arquitectos vienen denunciando desde hace años, al menos cuatro, un atasco en la Concejalía de Urbanismo con la tramitación y concesión de licencias de obra mayor que alcanzaba su punto álgido entre 2020 y 2021. Las consecuencias de la pandemia, por la etapa de confinamiento y restricciones, ralentizaron aún más su actividad, agravando la acumulación de expedientes, y desde el Gobierno municipal se atribuye también el problema a la coincidencia de «muchas vacantes en plantilla» por jubilaciones no repuestas y traslados, si bien desde el Colegio de Arquitectos de Segovia se insistía la semana pasada en que «no es solo un tema de dotación de personal, sino de metodología, planteamiento, falta de comunicación y complejidad de la normativa».
El presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción de Segovia (APIC), Javier Carretero, ya hablaba el año pasado de «caos», pidiendo «que alguien de Urbanismo coja el teléfono», más atención a distancia y presencial, «que algún técnico atienda y dé pautas»... y también personal fijo con experiencia «porque el problema es grave, empezando por los políticos y siguiendo más abajo», sentenciaba a mediados de 2022, cuando ya se advertía de demoras de entre ocho y diez meses para obtener una licencia de obra mayor, o hasta de año y medio. Claro que cada caso es un mundo y, presumiblemente, la 'culpa' no siempre se podrá atribuir al funcionario si el expediente de turno entra a las oficinas de Urbanismo con defectos que deban subsanarse, alargando los plazos. Aunque una mayor interlocución entre los técnicos de la Concejalía y los arquitectos siempre puede facilitar que la documentación se presente de la forma adecuada, tal y como sugiere también el Colegio desde hace tiempo.
El concejal de Urbanismo, Jesús García Zamora, asegura que la situación está mejorando en los últimos meses gracias a que ahora, de 24 puestos que hay en esta área, 23 se encuentran cubiertos. «Ojalá hubiésemos podido estar así cuatro, cinco o seis años, porque seguramente el retraso de la Concejalía se hubiese podido subsanar de mejor manera y mucho más rápida», reconoce. Y aunque las cifras apuntan que acabar ahora con el atasco acumulado puede llevar varios años, confía en recortar tal pronóstico.
CIFRAS DEL ATASCO. Las matemáticas son tozudas, en cualquier caso. Según datos del departamento de control del Colegio de Arquitectos, en Segovia se registran cada año unas 75 solicitudes de licencias de obra mayor, que son las más complejas, para construcción o reformas profundas en edificios colectivos, unifamiliares, bloques pequeños... Y en 2022, siendo un año en el ya se incrementó la actividad con respecto al anterior, con «datos que avalan un cambio de tendencia», según el concejal, se trabajó en 63 licencias urbanísticas, de las cuales 57 resultaron concedidas (para 109 viviendas nuevas, incluidos 20 unifamiliares además de bloques colectivos) y seis se denegaron. Es decir, que si se por buena la cifra media de 75 peticiones anuales, se estima una acumulación de 18 expedientes en el año del «cambio de tendencia»; y según información facilitada por el Ayuntamiento al propio Colegio, el total de expedientes acumulados rondaría precisamente los 75, equivalentes a los que entran en todo un ejercicio y más de los que suelen resolverse en ese mismo tiempo, sin olvidar que bien puede contarse con que en 2023 entren otros tantos, y en 2024, 2025... Dicho de otro modo, aunque Urbanismo lograra resolver este año el doble de expedientes que en 2022 y alcanzara así la estratosférica marca de 114 licencias de obra mayor concedidas, todavía le quedarían casi la mitad de expedientes pendientes, que bajarían de 75 a 36.
Cierto también que estas últimas cifras no dejan de ser estimaciones, futuribles... prácticamente cuentas de la vieja. Nunca dejará de haber expedientes pendientes, igual que enSanidad las listas de espera para operarse no se vacían nunca, sino que en todo caso fluctúan; pero la calificación de atasco en Urbanismo, hoy por hoy, no la discute nadie.
El propio presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia, Alberto López Estebaranz, advierte que durante los últimos años se ha venido generando un atasco de más de dos expedientes al mes («seis y pico que entran de media por cuatro que se resuelven), que vienen a ser entre 25 y 30 por ejercicio, así que los 75 acumulados representan «tres años de retraso», resume.
Por eso planteó el Colegio de Arquitectos la firma de un convenio con el Ayuntamiento por el que se creara una oficina de apoyo como una solución temporal, a la cual Urbanismo pudiera encargar la elaboración de los informes preceptivos necesarios para la concesión de licencias. O como decía el Colegio la semana pasada en un comunicado, para que se le encomendara la «comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística en algunos proyectos para los que se solicita licencia urbanística», con la dotación remunerada de un arquitecto para este fin.
En tal solución estuvo trabajando el Colegio desde febrero de 2022, hasta que se ha topado con la negativa del Ayuntamiento a la firma del convenio, pese a que en un principio dio el sí a un primer borrador.
El problema lo resume el Colegio en «una mera cuestión formal en la financiación de la prestación del servicio», tal y como señalaba en el mismo comunicado de la semana pasada, cuando hizo público el rechazo municipal, y el pasado martes la directiva se volvía a reunir con la alcaldesa,Clara Martín, y el concejal de Urbanismo. «Estuvimos analizando el convenio que se estudiaba suscribir, que teníamos interés político en hacerlo, pero los servicios técnicos nos han dicho que no es posible desde el punto de vista jurídico y económico», relata García Zamora. «Desde Intervención no se admite el concepto de la dotación económica a un arquitecto del Colegio que realice esta labor. Considera que el trabajo de un empleado público lo tiene que hacer un empleado público, y para utilizar dinero para que lo haga un tercero, y aun así el trabajo de todo lo tenga que revisar el empleado público, lo más eficiente desde el punto de vista de la gestión pública es recurrir directamente a la contratación pública», continúa, aunque hoy por hoy no hay previsión de aumentar plantilla. ¿Pero por qué no se pueden reajustar las condiciones del convenio? ¿Y los concursos con los que se externalizan servicios municipales sin problemas de ningún tipo? ¿Por que una opción sí y la otra no? «La licitación no tiene mucho sentido en este caso», responde. «Creo que Intervención lleva razón, que para eso contratas a una persona más en Urbanismo, que aunque se hubiera hecho un trabajo de cierto desbroce (desde el Colegio), al final el que tiene que poner su firma y responsabilizarse de conceder una licencia es el arquitecto municipal».
VÍAS DE SOLUCIÓN. Aun así, a pesar del volumen de expedientes acumulados, García Zamora no da por hecho que haya que esperar dos o tres años como mínimo hasta normalizar la situación: «También se puede implementar un operativo de trabajadores para tratar de descolapsar eso de manera más rápida», piensa. Asimismo, confía en que la capacidad de la Concejalía para dar salida a expedientes siga creciendo «si no vuelven a producirse muchas bajas en plantilla», y que a ello contribuya la decisión de celebrar mesas de trabajo periódicas con el Colegio de Arquitectos,«donde pueda fluir la información en ambos sentidos» para que las peticiones de licencia lleguen con la documentación más depurada.
«Urbanismo cuenta con personal muy implicado y creo que estamos en el camino correcto, sin ánimo de caer en la autocomplacencia, porque hay cosas que se pueden mejorar y esperamos contar para ello con el Colegio», prosigue García Zamora. «Pero tampoco podemos olvidar que Segovia tiene un urbanismo muy complicado. En una ocasión me comparaban el ritmo de resolución de expedientes de Torrejón con el de Segovia, pero es que Segovia no es Torrejón, sino una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y la mitad de nuestro territorio está protegido por un plan especial, con lo cual el nivel de exigencia que se tiene es más alto. No porque las demás sean unas alegres, sino porque nosotros vivimos en una ciudad histórica», insiste, con la responsabilidad que conlleva la «obligación» de preservarla por la parte política y por la técnica. «El personal hace un trabajo extraordinario, revisa los expedientes a conciencia y eso nos debería llenar de satisfacción por su grado de implicación y la responsabilidad que asume», subraya. Aunque ahora, en cualquier caso, con refuerzos o del modo que sea, hay un atasco que espera soluciones.