El conflicto del Ayuntamiento de Segovia con la exconcesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla le costará finalmente a la ciudad casi cinco millones de euros. A través de una sentencia dictada con fecha del 22 de noviembre de 2019, pero no hecha pública hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León había estimado parcialmente el recurso que presentó Collosa-Pygsur contra la sentencia de mayo de 2019 debida al pulso que mantenía esa unión temporal de empresas (UTE) con la Administración municipal por el importe de liquidación de su contrato. Según se señalaba en tal resolución, a la que ha tenido acceso El Día, «se confirma la sentencia apelada en todos sus extremos a excepción» de los criterios de cálculo que se dieron entonces por válidos para la suma de dos conceptos: el «coste financiero por pérdidas e inversiones soportado por la UTE» y un «error en la fijación de la tasa de descuento aplicada al lucro cesante correspondiente a los años 2017 a 2052», el periodo que le quedaba de contrato a la concesionaria cuando se rescindió su contrato. Y ha sido este mes cuando el TSJ ha emitido un decreto en el que declara firme esa sentencia.
El quebranto para las arcas municipales es serio, obviamente, aunque también podía haber sido peor, en vistas de las cifras que se han llegado a barajar. El Ayuntamiento aprobó en pleno la liquidación del contrato en diciembre de 2017 por un importe de 3.626.814,33 euros, frente a los 14.779.693,88 que estimaba por entonces el perito de Collosa-Pygsur. La UTE denunció aquel acuerdo de pleno y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia se pronunció en mayo de 2019 con una sentencia en la que estimaba parcialmente tal recurso, fijando una cantidad que se sabía que sería superior a esos 3,6 millones, aunque en aquel momento estaba por confirmarse. No obstante, la alcaldesa,Clara Luquero, ya matizó entonces que las estimaciones del Ayuntamiento apuntaban a unos 4,7 millones, y ahora resulta que, después de otra sentencia con estimación parcial favorable a la UTE, la cantidad es precisamente esa: 4.753.820,06 euros.
De tal importe, 3.626.814,33 euros ya fueron asumidos por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal de un ejercicio anterior, y aunque en teoría quedarían pendientes 1.127.005,73, el equipo de Gobierno cuenta con llevar al pleno del próximo viernes la petición de un crédito extraordinario en el que figuran 1.240.664,42 euros para la ‘indemnización del parking de José Zorrilla’. De ahí que el Grupo Popular, que fue el que desveló el jueves esta última resolución judicial, señale que haya que sumar 1,2 millones más al coste inicial de liquidación, en lugar de 1,1.
sentencia «ocultada». El portavoz municipal del PP, Pablo Pérez, denunció además en su rueda de prensa de este jueves que el equipo de Gobierno ya dio cuenta de esta resolución a los grupos políticos durante la Junta de Gobierno Local del 13 de febrero, a pesar de que la alcaldesa,Clara Luquero, no informó de ello en la rueda de prensa que ofreció una hora después para exponer precisamente los contenidos de esa sesión. «Parece que el Ayuntamiento lo ha querido ocultar en cierto sentido», añadió Pérez.
Década y media de pulso. Con esta sentencia, en cualquier caso, se acaba un conflicto de más de casi década y media. La UTE sólo llevaba dos años con el parking cuando ya pidió un primer reequilibrio económico (rescate) por no estar cubriendo las expectativas establecidas en su contrato. La situación se repitió en 2009 y 2013, no hubo acuerdo y la concesionaria pasó a pedir la rescisión de su contrato. El Ayuntamiento la desestimó en 2015, la UTE denunció y el TSJ falló a su favor en 2016 por considerar que la Administración municipal había incumplido el contrato, entre otros motivos, por no evitar la competencia de que se permitiera aparcar gratis cerca de ese parking, en la antigua campa del Regimiento. Ahí fue cuando la Justicia ordenó la resolución de contrato y apertura de la fase de liquidación, aunque ésta se alargó de tal manera que la UTE terminó tomando la controvertida decisión unilateral de entregar las llaves del parking en febrero de 2018. Desde entonces la gestión y explotación de la instalación está en manos del Ayuntamiento, y en las de la UTE, en breve los casi cinco millones de indemnización.