Uno de los asuntos que los gobiernos de turno nunca tienen tiempo ni ganas de abordar es el de la renovación de la financiación autonómica. La consecuencia de la desidia es la perpetuación de los problemas de infrafinanciación seguido del aumento del déficit y de la deuda pública y del deterioro de los servicios públicos, y el enfrentamiento abierto o larvado ente las distintas comunidades, que genera victimismo, acusaciones de dumping fiscal, de deslealtad y, en definitiva, se convierte en un problema irresuelto porque partidos y gobiernos ponen sus intereses electorales y partidistas por encima de los generales, mientras que todos los barones territoriales azuzan o callan en este asunto según el color del Gobierno central, y alguno clama en el desierto en todas las circunstancias porque sus finanzas llevan tiempo al borde de la quiebra, como es el caso de la Comunidad Valenciana.
Desde que en 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevara a cabo la última reforma del modelo de financiación autonómica, con una duración prevista de cinco años, se han sucedido las promesas de afrontar su renovación sin que se haya llevado a término debido a la convulsa vida política y económica que se ha vivido con las dos crisis sucesivas y la moción de censura a Rajoy. Afrontar este asunto es generar un conflicto que no se sabe muy bien como puede acabar por las distinta posiciones de partida y la dificultad de conciliar las diferentes situaciones autonómicas, porque donde unos quieren que prime la población otros ponen el acento en el mayor coste que genera la dispersión o el envejecimiento de los ciudadanos, a lo que se suman otros factores como el de capitalidad, la insularidad y las distinta políticas fiscales que adoptan cada una de ellas en la gestión de los tramos autonómicos de los impuestos transferidos.
La declaración del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en la que afirmaba que “tiene recorrido” la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, de estudiar un impuesto a las rentas más altas de los madrileños para compensar el efecto de atracción de inversiones y talento que supone la capitalidad de Madrid, ha generado la reacción del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha encontrado un nuevo motivo para acusar de 'madrileñofobía' a quien cuestiona su política fiscal y para atrincherarse frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, no es solo Valencia. Las dos Castillas tradicionalmente gobernadas por el PP y el PSOE conocen muy bien las consecuencias del “efecto frontera” que provoca Madrid en sus finanzas.
El ministro aderezó su afirmación con otra que tiene más de buenismo y de tirar por elevación que de visos de convertirse en realidad cuando afirmó que no tiene sentido la competencia en materia fiscal entre comunidades autónomas cuando el G-20 apuesta por una cierta armonización es esta materia con el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para todas las empresas y pretende acabar con el dumping tributario de las grandes multinacionales tecnológicas, aunque estos proyectos van para largo. Recuérdese que Nicolas Sarkozy también dijo, durante la crisis de 2008, que había que reformar el capitalismo y aquí seguimos, con la desigualdades disparadas. Por eso, la mejor forma de acabar con este capítulo es una decidida voluntad política de aprobar la reforma pendiente. Otra más.