Los legisladores idearon en nuestra incipiente democracia que algunos preceptos deberían contemplar una mayoría cualificada para ser modificados, que no supone otra cosa que un mínimo nivel de entendimiento entre los parlamentarios elegidos, y que, en esencia, representan al conjunto de la ciudadanía. No olvidemos, que los parlamentarios no están para azuzar la bronca en las Cortes (a lo que nos hemos acostumbrado en demasía), sino para tomar decisiones que redunden en el interés general, y en la construcción de un país más próspero y con más oportunidades.

En este contexto, asistimos este jueves a un entendimiento, que ya se consideraba inalcanzable, entre los principales partidos de nuestro país, Partido Socialista, hoy en el Gobierno, y Partido Popular, principal partido de la oposición, y que están llamados a mantener un mínimo de diálogo institucional respetuoso y consensuado. Lo que debería ser lo habitual, y sin duda fortalecería enormemente nuestro entramado democrático, ha pasado a convertirse en noticia de primer nivel por lo inesperado. 

Desde hace ya demasiado tiempo llevaban bloqueadas las conversaciones para renovar algunos órganos constitucionales cuyos mandatos han caducado y, a pesar de que el diálogo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue paralizado, un giro en los acontecimientos, quizás más medido de lo que se pueda pensar, ha permitido avanzar en la reconstrucción de otros órganos, también reconocidos  constitucionalmente, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación de estas cuatro mesas afectadas se llevará a cabo en una sesión plenaria en Congreso y Senado que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre.

Un acuerdo calificado de histórico por el momento en el que se produce, aunque como se apuntaba anteriormente, debería estar a la orden del día. Lo importante ahora es seguir avanzando en el diálogo institucional, que está por delante del interés de los propios partidos políticos, sin olvidar que el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducó en diciembre de 2018, por lo que estamos a punto de cumplir tres años sin que se haya producido una renovación, por cierto, anunciada en varias ocasiones.

De las primeras reacciones se pueden extraer las primeras conclusiones. Nunca un acuerdo deja satisfechos a todos, y todos muestran una vocación medallista por erigirse en los conseguidores del pacto, quizás porque todos quieren dejar contentos a sus seguidores y afines, quizás olvidándose una vez más de que el verdadero interés de estos acuerdos está en que facilita el desarrollo normal de los órganos constitucionales, no por el bien de unos pocos, sino por el interés de todos los ciudadanos.