El Torneo del Toro de la Vega de Tordesillas (Valladolid) vuelve a estar en el ojo del huracán. El Gobierno de España presentó ayer un escrito ante la Fiscalía para que paralice su celebración, prevista para el próximo martes 13 de septiembre en la villa vallisoletana, porque, según la nueva legislación recientemente aprobada, este evento podría derivar en un delito de maltrato animal. De esta forma, seis años después de que la Junta de Castilla y León aprobara una normativa que prohibía dar muerte a toros de lidia en festejos populares, y que, en la práctica, impedía el alanceo hasta la muerte del animal por parte de los asistentes, tal y como se venía produciendo hasta ese momento. La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, fueron los encargados de presentar ayer el escrito en la Fiscalía para pedir la adopción de medidas cautelares que paralicen la celebración del Toro de la Vega.
Una decisión que levantó ampollas en la Junta de Castilla y León, así como en los dos partidos que lo sustentan, PP y Vox, que arremetieron contra la petición del Gobierno de España, y criticaron que se está inmiscuyendo en asuntos que no son de su competencia. No obstante, el Ejecutivo central alega que las bases del Tornero del Toro de la Vega contravienen el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León de 2016, ya que, aunque ya se prohibe dar muerte en público al animal permiten clavarles arponcillos con punzones, lo que estima que supone además un delito de maltrato animal.
Verstrynge aseguró que «es un caso de gravedad extrema de maltrato animal que no se puede seguir dando y que hay que pararlo». «Tordesillas ahora está gobernado PP y Vox pero da igual quién gobierne porque la realidad que estamos viendo cada día en nuestro país es que las plazas de toros se vacían y lo que no podemos es seguir subvencionando con dinero público unos festejos que cada vez tienen menos apoyo popular», explicó la secretaria de Estado.
Respeto a la Justicia
Tras conocerse la petición a la Fiscalía, la Junta de Castilla y León salió al paso para defender la legalidad de «la nueva regulación del Toro de la Vega», a través de un comunicado, subrayó su respeto con las decisiones que corresponda adoptar a los jueces y tribunales. No obstante, dejó patente el enfado con las declaraciones de Lilith Verstrynge, a la que recordaron que es «importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho», algo que las afirmaciones de la secretaria de Estado «pone en evidencia que no es así».
Más duros se mostraron PP y Vox, que pidieron ayer en el Congreso que el torneo tordesillano sea defendido, respetado y protegido, y lamentaron que «lo que le gusta a la parte de Podemos de este Gobierno, es prohibir todo y buscar el enfrentamiento entre los españoles», aseguró la portavoz en la Cámara Baja del PP, Cuca Gamarra.
Por el contrario, su homólogo en el PSOE, Patxi López, sostuvo que le «parece bien que se vayan cambiando las costumbres que no son de recibo en pleno siglo XXI». «Se pueden cambiar y no pasa nada; hay tradiciones que no hay por qué seguir», añadió. Un bando al que también se unió el exvicepresidente de la Junta y principal artífice del decreto que en 2016 puso fin a la muerte en público de las reses de lidia en espectáculos públicos, José Antonio de Santiago-Juárez, que manifestó que si el actual torneo del Toro de la Vega hace sufrir al animal, «no es legal». «Creo que el Ayuntamiento de Tordesillas se ha equivocado. Se está saltando una norma con rango de ley en la Castilla y León», apostilló el miembro del PP vallisoletano.
¿En que consiste en el Torneo?
El escrito presentado en la Fiscalía advierte de que las nuevas bases reguladoras del torneo permiten la colocación de hasta siete divisas al toro, «unos dispositivos terminados en arpones que se utilizan y están diseñados para ser clavados en el animal». El nuevo concurso, limitado a cincuenta participantes, consiste en la colocación de una divisa en el lomo del astado a través de una lanza, con un máximo de siete arpones en caso de que antes no haya sido declarado un vencedor, que podría ser el propio astado si, en el tiempo y espacio determinado, ningún participante ha sido capaz de prender ninguna señal.