El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó ayer de manera fulminante al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por «pérdida de confianza». La decisión se debe, según fuentes de la propia Benemérita que descartan que pueda tener que ver con el operativo de seguridad para evitar los escraches en el chalé de Pablo Iglesias, a la negativa de informar al Gobierno sobre la investigación judicial abierta por la actuación del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en las semanas previas a la celebración de la manifestación del 8 de marzo. El cese del que fuera máximo responsable del dispositivo para evitar el referéndum ilegal del 1-0 en Cataluña y testigo decisivo en el juicio del procés sorprendió a la gran mayoría de los partidos de la oposición, que han reclamado la comparecencia de Marlaska en el Congreso.
La investigación, que se ha llevado a cabo por las numerosas denuncias que se han presentado y que trata desentrañar el papel que pudieron tener algunas personas para que se diera ‘luz verde’ a las movilizaciones del 8-M, fue demandada a instancias del juzgado de Instrucción número 51, liderado por Carmen Rodríguez-Medel, que solicitó la máxima confidencialidad y objetividad al equipo encargado de hacer las pesquisas, dirigido por Pérez de los Cobos.
La filtración la pasada semana de parte de la investigación, en la que se desvelaba que el ministro Illa y Simón habían compartido informes previos sobre el peligro que podía suponer celebrar esas marchas del Día de la Mujer para la expansión del coronavirus, hizo saltar las alarmas en el departamento que dirige Marlaska, que pidió explicaciones al coronel. Sin embargo, el responsable de la Benemérita se negó a dárselas, amparándose en el artículo 15 del Real Decreto 769/97 de la Policía Judicial que obliga a los funcionarios a no desvelar detalles sobre las investigaciones que han sido demandadas por un juez. La magistrada, que ya instruyó las causas contra Cristina Cifuentes y Pablo Casado por sus máster, trata de saber si el permitir la manifestación del 8-M supone un delito de prevaricación, por lo que ayer decidió citar a declarar para el próximo 5 de julio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, así como a varios de sus asesores. También ha pedido informes a Sanidad.
Resulta inquietante que un ministro, que antes ha sido juez y conoce perfectamente el funcionamiento de este tipo de actuaciones, haya cesado a un mando de la Guardia Civil por, como parece en este caso, cumplir la ley. Marlaska debe dar las explicaciones pertinentes y aclarar las causas reales de una controvertida decisión, que saca a la luz la intromisión del Ejecutivo en una parcela que pertenece al Poder Judicial y que deja muchas dudas.